L a probada y acreditada arrogancia de los responsables del Departamento de Educación del Gobierno vasco ha vuelto a hacer su aparición durante estos días con la absoluta falta de talante que les caracteriza y haciendo gala de una nueva y clarísima provocación. Esta semana, el obispo de Vitoria, Miguel Asurmendi, hizo público durante la homilía de la Misa Pontifical en honor de la Virgen Blanca el fuerte malestar existente en la Iglesia vasca con la política que desarrolla el Departamento de Educación del Gobierno vasco respecto a la asignatura de Religión. Durante su plática el obispo denunció cómo algunas «instituciones públicas están poniendo en peligro la enseñanza religiosa en el ámbito escolar» y resaltó que «algunas familias encuentran dificultades para educar en la fe a sus hijos». Según sostuvo entonces el responsable episcopal, la nueva normativa que prepara el Gobierno vasco puede traer «consecuencias funestas para los jóvenes y para toda la sociedad». Días después, el diario EL CORREO recabó la opinión del colectivo Bagara -agrupación que defiende la inclusión obligatoria de la religión en el currículum-, que puso de manifiesto el perverso proceder de la Consejería de Educación al colocar esta asignatura a primera o última hora del día ofreciendo además a los alumnos la posibilidad de sustituirla por otra en el supuesto de que se optase por no recibirla. «Si a un padre le dicen que si su hijo no se apunta a Religión le van a dar dos horas extras semanales de Euskera o Matemáticas, es difícil que lo rechace», explicaban desde la asociación. A falta de los datos oficiales de matriculación, la caída de las solicitudes para el próximo curso ha sido «demoledora»... Para la gran mayoría de los ciudadanos vascos, supone lo mismo no recibir clase de Religión que hacerlo en una lengua que desconocen e ignoran, cosa que también venimos denunciando desde hace meses un importante colectivo de padres. Por eso, lengua y religión son dos caras de la misma moneda.

La denuncia del obispo de Vitoria y la forma de proceder del consejero expuesta por Bagara son exponentes de unos hechos mucho más trascendentes. A mi juicio, el tiránico proceder de este Gobierno se enmarca dentro de ese concepto intervencionista y despótico que viene caracterizando su política en materia de educación. Mientras las normas internacionales relativas al derecho a la educación se han ido perfilando con caracteres jurídicos cada vez más nítidos a partir del principio antropológico y filosófico-político de que en el proceso educativo intervienen por derecho propio los padres como responsables directos y principales de sus hijos, los poderes públicos de este país bogan en sentido contrario. Reivindican y reclaman el respeto de los derechos humanos y son los primeros en vulnerarlos a su antojo. Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales y los de derechos civiles y políticos sancionan el «derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos», a «escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas» y, en cualquier caso, y sin excluir a las escuelas estatales, a «hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones». La misma doctrina sobre el titular del derecho a educar se expresa en el Protocolo de 20 de marzo de 1952 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales que dice que «el Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas». Por lo demás, y de cara al futuro de los países de la Unión Europea, la misma Constitución para Europa -aprobada y ratificada por España- establece que haya de asegurarse «la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas».

La respuesta del Gobierno vasco, de su consejero de Educación y su 'dream team' de viceconsejeros y asesores, no puede ser más desalentadora: han advertido de que no piensan dar marcha atrás, que van a seguir adelante con esta nueva normativa. Ni la legislación básica sobre derechos humanos, ni el resto de normas internacionales, ni los principios de la nueva Carta europea, ni la Constitución y el marco jurídico español son suficientes y bastantes para que este grupo minoritario que controla el Departamento de Educación del Gobierno vasco decida replantearse los términos de este polémico proyecto. Cuando las cosas se sitúan en este nivel, sólo queda recordarles que en democracia los ciudadanos tenemos la última palabra, por lo menos hasta ahora...