ACTO PARA EXIGIR SU CIERRE
La acción perseguía recordar a la opinión pública el compromiso electoral del PSOE de sustituir de forma gradual la energía nuclear en España
20.11.08 - 19:40 -
Los activistas instalaron un contenedor en la entrada principal de la central. / Greenpeace
Efectivos de la Guardia Civil han puesto fin esta tarde a la protesta de activistas de Greenpeace, que se habían introducido en un contenedor metálico anclado a una de las puertas de la central nuclear de Santa María de Garoña para pedir el cierre inmediato de la instalación burgalesa.
Tras retirar durante una hora y uno a uno a los diez ecologistas que estaban en el interior -y que se han limitado a ofrecer resistencia pasiva-, una grúa ha trasladado el "contenedor de resistencia" metálico. La protesta no pretendía bloquear los accesos a la planta atómica, sino hacer llegar a la sociedad el mensaje de que "estamos ante una central antigua, peligrosa y amortizada que el Gobierno se comprometió a cerrar", ha insistido el responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo.
Bravo ha expresado su satisfacción por "el éxito" de la protesta, que ha empezado a las 06:00 horas de esta mañana y ha durado más de once horas. Esta acción se inscribe en la campaña 'Yo soy antinuclear', que puso en marcha Greenpeace junto con otras asociaciones ecologistas, y con la que tratan de recordar al Gobierno su compromiso electoral de "cerrar las centrales nucleares y apostar decididamente por las energías renovables y por el ahorro y la eficacia energética".
El Foro de la Industria Nuclear Española ha calificado esta acción de "injustificada e inadmisible", y ha afirmado que Garoña "cumple con todas las garantías de seguridad y su funcionamiento es necesario, seguro y fiable". Antonio Cornadó, portavoz de la empresa propietaria de la central, Nuclenor, ha explicado que "de puertas para adentro la normalidad ha sido absoluta" en la central durante toda la jornada.
Por su parte, el portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha pedido que no cale en la sociedad la idea de que la central de Garoña es insegura. De Santiago-Juárez ha recordado que tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno "mantienen su apoyo a esta central y lo seguirán manteniendo mientras se cumplan los requisitos de seguridad que exige el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que hasta ahora está garantizada".
38 años en funcionamiento
Javier Zarzuela, subdirector general de instalaciones nucleares del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ha dicho que "en el Consejo estamos convencidos de que la central de Garoña es segura, y de lo contrario no le permitiríamos funcionar". Según Greenpeace, la central nuclear de Garoña, inaugurada en 1971, está "totalmente amortizada desde hace años" y es "una central nuclear obsoleta, aquejada de graves problemas de seguridad". Su permiso de explotación termina en julio de 2009, pero la compañía propietaria Nuclenor ha pedido una prórroga de otros 10 años para la central.
"No hay ningún motivo económico, ni energético, ni medioambiental ni social al que el Gobierno pueda agarrarse para incumplir su compromiso de cerrar Garoña y las demás nucleares", ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace. "Garoña está más que amortizada, su escasa producción eléctrica está sobradamente compensada por el incremento anual de la electricidad renovable, tiene serios problemas de agrietamiento por corrosión, y el rechazo social que genera es manifiesto", ha agregado .
No obstante, la central nuclear será la primera que se someta a un exhaustivo proceso de evaluación para decidir una prorroga de su vida útil, que en principio acaba el próximo mes de julio, o su cierre definitivo. El titular de la central ha presentado ya toda la información y el Consejo de Seguridad Nuclear está estudiándola para emitir un informe en mayo del próximo año. Si el informe del CSN es desfavorable y se desaconseja la prórroga, éste tendrá carácter vinculante para el Gobierno, que deberá ratificar su cierre; si es favorable a prolongar la vida útil, será el Consejo de Ministros el que tome la decisión definitiva, han informado fuentes de este organismo.
