27.12.08 -
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la política disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, pero no tiene previsto informar sobre la polémica -por su levedad- sanción impuesta al juez del 'caso Mari Luz'. Así lo confirmó ayer la vocal portavoz del consejo, Gabriela Bravo, que señaló que «va a ser muy difícil» que el máximo responsable de la institución entre a discutir con los diputados la multa de 1.500 euros impuesta al magistrado Rafael Tirado por su doble condición de presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, órgano judicial que debe resolver los recursos que se anuncian. «Por propio respeto a las decisiones judiciales e impedir contaminaciones, habría que esperar. La resolución todavía tiene camino legal por delante», recordó.
Bravo quiso ser prudente ante las duras palabras del Grupo Parlamentario Socialista. El presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Cuesta, señaló el jueves que el CGPJ ha dado «una imagen penosa de debilidad y corporativismo que ha defraudado la confianza de muchos de los parlamentarios que le han elegido». La portavoz se limitó a transmitir su respeto al «total desacuerdo» que mostró ayer el presidente del Gobierno.
José Luis Rodríguez Zapatero reveló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que habló por teléfono con Juan José Cortes, padre de la niña Mari Luz, nada más conocer la decisión adoptada por el CGPJ. Declaró que su testimonio fue «ejemplar» y que representó el sentir de la ciudadanía cuando señaló que la resolución había sido una «vergüenza nacional». El presidente adelantó que su Gobierno «estudiará todos los caminos legales posibles» ante esta sanción y «para ello tenemos que hacer las reformas necesarias», apuntó en alusión al endurecimiento del régimen disciplinario de los jueces que exige la mayoría parlamentaria.
