Conseguir una vivienda es para muchos jóvenes una utopía y, al parecer, hay quienes intentan aprovecharse e incluso hacer de ello un negocio redondo. Raquel Martínez, ex concejala del PP en el Ayuntamiento vitoriano, pertenece supuestamente a este último colectivo. La antigua edil fue detenida en 2007 por haber engañado presuntamente a varias parejas vitorianas, a las que había cobrado una comisión -entre 12.000 y 18.000 euros- con la promesa de facilitarles el rápido acceso a un piso de VPO.

Casi dos años después y tras un paso fugaz por la prisión de Nanclares de la Oca, Raquel Martínez, que luego fue «expulsada» del PP, se enfrenta a una petición de cinco años de cárcel por dos presuntos delitos de «estafa que recae sobre vivienda» por parte de la Fiscalía Provincial de Vitoria. Los supuestos timos por los que se la juzga ahora se remontan a 2006, cuando Raquel Martínez ya no contaba con ningún cargo en el Consistorio vitoriano -donde estuvo durante casi un lustro hasta junio de 2003- aunque, al parecer, se sirvió del nombre que logró hacerse en ese tiempo para cumplir su objetivo de «enriquecerse injustamente». Una de sus supuestas víctimas llegó hasta ella precisamente porque la conocía por «su trayectoria política» y le «pidió ayuda» para encontrar casa, una tarea para la que aparentemente no puso ninguna pega. «Le comentó que tenía negocios con un contratista y que podía conseguir pisos entre 10 y 15 millones de las antiguas pesetas», relata el escrito del Ministerio Público. En ese momento, «le sobraba uno», aunque su amigo le cobraba 12.000 euros por hacerle el favor.

Edificio en Lakua

Según el fiscal, el traspaso se hizo en mano en el coche de la ex concejala pues, a pesar de que habían quedado en una cafetería, prefirió que su supuesta víctima guardara ella misma el sobre en la guantera del vehículo. El trato parecía cerrado y en octubre de ese año «estaría todo solucionado». Pero, a partir de entonces, la presunta estafada sólo recibió excusas y no volvió a obtener noticia de aquel dinero ni de la vivienda.

Raquel Martínez no tardó en contactar con otra mujer a la que convenció de poder agilizarle los trámites para conseguir una VPO gracias a que «era concejal y estaba muy bien relacionada con distintos organismos». Esta vez logró que la supuesta víctima pidiera dinero a su ex marido y le diera un total de 18.000 euros para pagar al constructor. La acusada llegó incluso a presentar un edificio que se estaba levantando en Lakua -le acompañó hasta allí- como su futura residencia así que «con tal apariencia de credibilidad y confianza», le entregó el dinero que hoy parece continúa sin haber recuperado.

La Fiscalía pide ahora dos años y medio de prisión a la ex edil por cada uno de los delitos, así como la indemnización a sus supuestas víctimas con el dinero que parece les cobró en forma de comisión.