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Haro

La plantilla, que se negó a trabajar al exigir el pago de dos mensualidades, se concentró ante sus instalaciones
04.07.09 -

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Ferrallas sanciona con una semana sin empleo y sueldo a medio centenar de empleados
Los trabajadores se plantan frente a las instalaciones de Ferrallas. / R. SOLANO
Nuevo giro en la evolución del pulso que mantienen la dirección de la empresa Ferrallas y los trabajadores de la planta que se trasladó hace poco más de un año de Haro a Casalarreina.
La plantilla reclamaba de la empresa el pago de dos mensualidades, tres si se cuenta con la correspondiente al mes de paro que se fijó en los términos del expediente de regulación de empleo (ERE), y decidió negarse a incorporarse a su puesto de trabajo hasta no ver ingresadas las cantidades que correspondían a cada uno de los trabajadores que las demandaban.
La respuesta, aseguraron éstos, concentrados en la mañana de ayer frente a la puerta de acceso a la empresa ubicada en el Alto de La Zaballa, fue la apertura de un expediente sancionador que concluyó, según refleja el documento al que ha tenido acceso este medio, con la suspensión de siete días de empleo y sueldo para medio centenar de empleados.
Inactividad
La medida, detalla éste, se adopta porque la cúpula empresarial considera que todos ellos han «permanecido en las instalaciones de la empresa sin realizar actividad alguna, alegando que no trabajaban como medida de presión para que la empresa les abonara el mes de junio y la paga de verano» que, sostienen los trabajadores de Ferrallas, aún no les han sido abonadas. Y todo ello, apunta la dirección, haciendo «inviable» la actividad de la firma porque, «es ahora precisamente cuando más trabajo tiene».
«Exasperante», apuntaban algunos de los trabajadores que participaban de la 'sentada' ante la puerta principal, custodiada por una decena de efectivos de la Guardia Civil. Especialmente después de haber vivido durante los últimos meses un proceso de negociación entre delegados sindicales y dirección de empresa para alcanzar un acuerdo que suponía la apertura de un expediente de regulación 'temporal' de empleo que permitía mantener en sus puestos a la totalidad de los trabajadores y que parecía resolver, una vez aceptado el calendario de pago de los atrasos reivindicados por la parte social, el conflicto abierto en el seno de una de las empresas con mayor nivel de contratación de toda la comarca.
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