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Los requisitos que impone a Funeraria Bilbaína son másrestrictivos que los del resto de hornos incineradores de Vizcaya
Vecinos de zonas cercanas al futuro equipamiento de la Plaza del Gas se manifiestan frente a la funeraria. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ
Al futuro crematorio de la Plaza del Gas, el primero que se asentará en Bilbao y cuya polémica implantación ha venido precedida de una enconada batalla judicial de cuatro años entre el Ayuntamiento y Funeraria Bilbaína, se le exigirán «rigurosas» medidas de control, avanzaron a este periódico fuentes del área municipal de Medio Ambiente. Según explicaron, los requisitos que el Consistorio ha planteado a la empresa de pompas fúnebres para la puesta en marcha del servicio son los más severos que permite la ley.
De hecho, sostienen, ninguno de los ayuntamientos del entorno ha fijado unas directrices -que determinan, entre otras cosas, las emisiones a la atmósfera- tan estrictas. «En otros municipios tienen un margen más amplio, lo cual no quiere decir que lo agoten -matizan responsables del departamento-. Va a ser el crematorio más controlado de Vizcaya».
Así, para establecer sus exigencias al promotor de la polémica infraestructura, el Ayuntamiento ha 'bebido' de fuentes legales más recientes que otros consistorios. Han tomado como referente una normativa estatal de 2007 y un decreto de 2003 sobre incineración de residuos, ya que la legislación específica sobre la cremación de cadáveres aún no está muy desarrollada y debe confeccionarse con 'retales' de otras normativas.
Un paso más allá
«Es una interpretación que nosotros hemos hecho», declaran portavoces municipales, quienes añaden que los límites impuestos en otras localidades se basan todavía en un decreto «muy genérico» y más antiguo, de 1975. En este sentido, el Consistorio bilbaíno ha querido dar un paso más allá, sobre todo, en el capítulo referente a las emisiones del horno, según establece el informe sobre las medidas correctoras que el área dirigida por Julia Madrazo envió a la empresa hace casi un mes.
Este celo con que el Ayuntamiento ha echado mano a todas las armas legales a su alcance para minimizar el impacto del incinerador no obedece, según recalcan fuentes de Medio Ambiente, al espíritu revanchista que pudiera haber gestado el equipo de Gobierno local después de que los jueces fallasen dos veces en su contra en el litigio que mantuvo durante años con Funeraria Bilbaína. «Nosotros hemos asumido lo que ha dicho el magistrado y ya está -zanjan-. Eso sí, vamos a actuar con el máximo rigor. Pero apretaremos igual que si el crematorio no hubiese estado envuelto en batallas legales».
Entre otras cosas, además de medidas de seguridad y dispositivos para evitar vibraciones, ruidos y olores, la lista de condiciones que plantea Medio Ambiente a la compañía incluye la colocación de un sistema monitorizado que garantice los correctos niveles de emisión de contaminantes, similar al que existe en la incineradora de residuos Zabalgarbi y que permite controlar, casi en tiempo real, lo que sale por las chimeneas. Si no es posible instalar este mecanismo, deberán someterse a un plan de mediciones periódicas realizadas por un organismo de control acreditado, según recoge el informe.
Los responsables de Medio Ambiente están seguros de que han echado el resto con su catálogo de exigencias. Sin embargo, dudan de que su esfuerzo por minimizar el impacto de la instalación vaya a calmar el descontento vecinal. «Los residentes en la zona no quieren el incinerador de ninguna manera y la empresa lo desea a toda costa... un equilibrio difícil. Nosotros estaremos ahí, vigilantes, para que lo que se vaya a hacer se haga bien», deslizan.
