ÁLAVA
Dos vitorianas insisten en que la ex concejalaRaquel Martínez les pidió dinero para conseguirles un piso
Raquel Martínez aseguró no haber recibido «ni 12.000 euros ni 1.000 ni 500». / B. CASTILLO
«Tenía un niño de tres años, estaba otra vez embarazada, vivíamos en casa de mi suegra y sabíamos de oídas que ella podía conseguir pisos». Esta situación «desesperada» llevó supuestamente a una joven a contactar con la ex concejala del PP en Vitoria Raquel Martínez y a pagarle, a principios de 2006, 12.000 euros para agilizar los trámites de acceso a una vivienda protegida. Sin embargo, la denunciante aseguró que la entrega de la casa jamás se materializó y tampoco volvió a saber nada del dinero.
La versión de esta mujer fue rechazada ayer de plano por la antigua edil en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Álava. «Nunca he realizado negocios de este tipo. Soy inocente. No sé porqué me están haciendo todo esto», insistió Martínez, acusada de dos presuntos delitos de estafa.
Las palabras de las dos denunciantes que testificaron en la vista dibujaron, sin embargo, a una mujer que supo aprovecharse de su condición -muchas personas la conocían en la ciudad tras ocupar una concejalía desde 1999 hasta 2003- para «engañar» a sus presuntas víctimas. La primera estaba vinculada, a través de su pareja y algunos familiares, al mismo centro regional que Martínez. «Me dijo que justo le quedaba un piso de 60.000 euros y que, como era yo, en vez de los 18.000 euros que pedía a los demás, sólo le iba a tener que dar 12.000 por hacernos la gestión», explicó la joven.
Cheque «sin fondos»
No lo dudó y días después se reunió con ella para darle la cantidad -pidió un préstamo para conseguirla- pues «confiamos en ella, nunca pensamos que nos engañaría». A partir de entonces, añadió, sólo recibieron «excusas» y cuando exigieron la devolución de la supuesta comisión, la ex edil les firmó un talón «sin fondos». «Nos dijo que en ese momento no tenía dinero, pero que podríamos cobrarlo en una semana», apuntó. La promesa parece que no se cumplió. Martínez lo desmintió y recalcó que fue ella quien le prestó 12.000 euros porque «conocía a la familia desde pequeños y lo estaban pasando mal».
Tampoco llegó a buen puerto la relación con la otra denunciante, una vitoriana recién divorciada que, según su relato, solicitó «la liquidación de los bienes gananciales» para hacerse con los 18.000 euros que la ex concejala le reclamaba con el fin de facilitarle un piso protegido. «Decía que había unas casas reservadas para estos casos -separadas con hijos- y que debía pagar una fianza que luego se me devolvería o descontaría», relató en el juicio. La supuesta víctima, que pensaba que Martínez era aún concejala, empezó a desconfiar de la acusada cuando alegó «problemas de papeles» para retrasar la entrega del piso y dejó de cogerle el teléfono.
La ex edil se enfrenta ahora a una petición de cinco años de cárcel -dos años y medio por cada supuesto delito- que solicita la Fiscalía. La representante del Ministerio Público mantuvo su acusación y aseguró que «la gente ni se lo piensa si le dicen que pueden conseguirle un piso». Los hechos conforman, a su juicio, «una estafa agravada porque recae sobre un bien de primera necesidad». Por su parte, la defensa pidió la absolución de Martínez por entender que se ha demostrado la existencia previa de las cantidades de dinero mencionadas por las denunciantes, «pero no ha quedado justificado que hayan pasado a formar parte del patrimonio de Raquel».
