El presidente Camps saluda a un alcalde durante un acto oficial esta semana. / EFE
Francisco Camps y los otros tres imputados por aceptar regalos de las empresas de la trama de corrupción 'Gürtel' no quieren nuevos escándalos a la puerta de los juzgados. El presidente valenciano, el portavoz del PP en las Cortes, Ricardo Costa, el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret lograron ayer permiso del juez para no acudir el 15 de julio a la vista que se celebrará en el Tribunal Superior, en la que el fiscal mantendrá la acusación de cohecho contra ellos.
El juez instructor, José Flors, no ha puesto pega alguna a la solicitud porque la asistencia a la vista de imputación es una prerrogativa de los investigados y ellos han preferido renunciar a este derecho antes que enfrentarse de nuevo a decenas de informadores y a grupos de ciudadanos a favor y en contra.
La Fiscalía Anticorrupción, a su vez, ha reclamado al juez instructor que impute también por un delito de cohecho a Francisco Correa, Álvaro Pérez, 'El bigotes', y a Pablo Crespo, los tres máximos responsables de la red de empresas del caso 'Gürtel' y la personas que presuntamente pagaron los trajes a Camps y los demás altos cargos investigados. La razón es que el cohecho es un delito que comete por igual el que da y el que recibe la dádiva. La pretensión del Ministerio Público es que los tres nuevos imputados comparezcan también en la vista a celebrar el próximo miércoles.
La vista servirá para que el magistrado ratifique en un auto su decisión de abrir contra los cuatro investigados un procedimiento de juicio con jurado o, en atención a las alegaciones de las defensas, decretar el sobreseimiento de la causa.
Presión política
Mientras, algunos dirigentes del PP temen que Francisco Camps acabe por tirar la toalla y dimita sin esperar a que se sustancie la causa en la que está acusado de cohecho por aceptar unos trajes de la trama de presunta corrupción que dirigía Francisco Correa. La dirección del partido opositor ofrece un apoyo político blindado al presidente de la Comunidad Valenciana, pero son muchos los que creen que no podrá soportar la presión política y mediática, máxime si el Tribunal Superior de Justicia no atiende su recurso y tiene que sentarse en el banquillo.
La orden de silencio decretada por la dirección del PP sobre los avatares judiciales de la rama valencia del 'caso Gürtel' busca, además de no caldear más el ambiente con un asunto que juega en su contra, impedir la cascada de valoraciones sobre la actuación de Camps y evitar un nuevo episodio como el vivido por el tesorero Luis Barcenas, también acusado de cohecho y fraude fiscal. Varios dirigentes populares han sugerido que el encargado de las finanzas del partido debería dimitir. Mariano Rajoy y sus colaboradores quieren preservar a Camps de ese desasosiego añadido.
