Bienvenidos al centro penitenciario «del siglo XXI» (o así es como lo venden sus promotores). La futura y polémica cárcel que se construirá en Nanclares de la Oca, en los terrenos el antiguo polvorín militar de Zaballa, ya empieza a tomar forma. Nada de torres de vigilancia, eternos muros con infranqueables alambradas o impersonales patios con viejos aparatos de gimnasio esparcidos. El proyecto del nuevo penal alavés, al que ha tenido acceso EL CORREO, describe un vasto espacio de 90.000 metros cuadrados, similar a 18 campos de fútbol, que se convertirá en 2011 en una «pequeña ciudad» donde más de 500 personas -funcionarios, en su mayoría- custodiarán a 720 personas privadas de libertad.
La dimensión del proyecto es tal que la nueva infraestructura será por población el decimosexto 'municipio' alavés (de un total de 51). Albergará a tantas personas entre sus muros como habitantes tiene Labastida o Laguardia superando incluso a localidades como Santa Cruz de Campezo. Todo ello basado en apriorismos, porque aunque se han diseñado 720 celdas «individuales», la ocupación girará en función de las necesidades de Instituciones Penitenciarias. De aumentarse la cifra de ingresos previstos, algo que no parece descabellado visto el ritmo de incremento de la población reclusa (10%), no habría mayor problema puesto que la dimensión de las celdas, de 13 metros cuadrados, permite a los gestores del centro mucho margen de maniobra.
Porque además de las 720 celdas, se construirán otras 152 que no se usarán de forma temporal sino con carácter «complementario» para atender ingresos extraordinarios (56), necesidades de régimen cerrado (32) y cuestiones sanitarias (64). Respecto a la cifra de personas que velarán por su atención, fuentes de la Sociedad estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), ente público dependiente del Ministerio del Interior encargado de la construcción de penales, señalaron que superan el medio millar. En torno a 425 serán funcionarios de Prisiones, 80 agentes uniformados y una treintena de personal civil «de la zona» para cubrir servicios diversos.
La magnitud del proyecto también queda reflejada en su coste. Según la estimación de esta sociedad, ascenderá a 103 millones de euros -17.000 millones de las antiguas pesetas-. Sin duda, un más que elevado importe con el que podrían construirse, por ejemplo, cuatro residencias de la tercera edad de 100 plazas cada una con sus respectivos centros de día para otras 50. «La actual cárcel de Nanclares está obsoleta, no cumple las condiciones. Álava necesita un nuevo centro del siglo XXI que posibilite la reinserción de sus reclusos», recalcó a este periódico el presidente de la SIEP, Ángel Martínez, para justificar esta inversión.
Auditorio y piscina cubierta
En lo referido a la ubicación, los terrenos que en su día compró el Ministerio del Interior al de Defensa ocupan unos 450.000 metros cuadrados próximos a los Montes de Vitoria. Las parcelas pertenecen a Iruña de Oca, pero están situadas al otro lado de la Nacional 1. De toda la superficie, sólo se construirá en 87.000 metros cuadrados, de los que 37.000 serán edificios de la prisión. Para intentar quitar hierro a la polémica medioambiental desatada por las obras, el proyecto hace especial hincapié en subrayar que se harán «todas las medidas correctoras necesarias» para integrar el centro en el paisaje.
Pero quizá lo que más destaca del futuro centro no son ni sus dimensiones -sus gestores dicen que es de tamaño medio y no una macrocárcel-, ni el número de población funcionaria y reclusa que acogerá o su conflictivo emplazamiento. Su seña de identidad es su diseño, con edificios bajos, amplias zonas verdes, pérgolas para resguardar a los residentes de la lluvia y una serie de servicios extra que en nada hacen asemejar el centro a un penal.
Tendrá además un amplio polideportivos con pistas de fútbol, baloncesto, piscina cubierta, frontón, gimnasio, biblioteca, sala de estudios, auditorio, talleres ocupacionales... «Si algún día se decide que ya no sea una cárcel, no habría mayor problema en convertir sus dependencias en un centro universitario», asegura Martínez Sanjuán.