Su conflicto laboral ha empapado la ciudad como ningún otro. Es, de hecho, el signo más evidente de los golpes que la crisis económica viene asestando a Miranda desde hace casi un año. Los trabajadores de Rottneros cumplen hoy 92 días de un encierro-acampada en la sede administrativa de la Junta; tres largos meses en los que la incertidumbre ha tenido distintos picos de intensidad, pero siempre ha estado ahí. Y continúa. A escasas dos semanas para que expire el plazo en el que la compañía de capital riesgo Intermills ponga sobre la mesa un proyecto preciso que garantice la continuidad de la planta de Miranda -condición esencial para lograr la cobertura de las administraciones-, nada ha trascendido sobre el acuerdo privado que esta sociedad ha de suscribir con la multinacional sueca. Sobre este primer paso lógico se ciñe una enorme sombra de duda. La sensación es de atasco.

Lo confirma un hecho que se ha producido esta misma semana. Por segunda vez los trabajadores se han enfrentado a un expediente ya redactado de extinción de contratos. Una situación calcada a la que ya vivieron el pasado 18 de mayo. Entonces se rechazó, se amplió la vigencia del Expediente de Regulación de Empleo hasta julio y el comité acordó con los gestores de la planta y los administradores judiciales poner en marcha una comisión de seguimiento en la que las tres partes se comprometían a trabajar para encontrar alternativas que conduzcan a una solución de viabilidad.

Las pérdidas económicas

Que el planteamiento se recuperase de nuevo por parte de la corporación sueca en ese contexto de aparente entendimiento sorprendió. Más aún cuando se trataba de un encuentro programado en el que el punto del día era la enésima prórroga del ERE hasta, al menos, el 17 de septiembre (lo que implica que muchos comenzarían ya a consumir el paro). Los gestores de la empresa -del bufete de abogados madrileño Gómez-Acebo & Pombo- argumentaron que las pérdidas, con la planta parada desde diciembre, están siendo sangrantes. Y los trabajadores, perplejos y molestos, aún no han conseguido parar el golpe. En esta ocasión, la prórroga de suspensión temporal que solicitan no tiene más motivación que la de ganar tiempo ante lo que hoy se vislumbra como la única solución posible para que la factoría de la carretera Logroño vuelva a la actividad. Pero Rottneros persiste en su amenaza de tramitar la extinción definitiva de los contratos de al menos 170 personas.

Francisco González, presidente del comité de empresa, no ha ocultado su malestar por la actitud que la multinacional mantiene desde hace tiempo. Y más aún cuando existe una operación de compra-venta abierta que debería cristalizar antes de que acabe julio. La sociedad de capital riesgo canadiense Intermills, pretende asumir la propiedad. De momento ha sintonizado con la Junta en esa pretensión.

Pero antes debe cumplir con la presentación de un plan detallado y tangible en el que se expongan, entre otros aspectos, las posibles líneas de financiación que darían estabilidad a un proyecto que en ningún caso ha de tener una pervivencia menor de diez años. El consejero de Economía y Empleo, Tomas Villanueva, ha condicionado de hecho toda ayuda en forma de avales crediticios y subvenciones a un plan de viabilidad sólido y creíble. En definitiva, que éste apoyo llegará si se demuestra que hay socios solventes; si garantizan que van poner también dinero sobre la mesa.

Porque es precisamente la naturaleza de esta sociedad -de capital riesgo, aunque vinculada al negocio del papel- lo que más inquieta, sobre todo desde la óptica de las administraciones y en un contexto de crisis en los que son demasiadas las empresas que reclaman cobertura para poder salir a flote. Fueron los propios trabajadores los que el pasado 20 de abril pusieron en contacto a Intermills con la Junta.

Lo hacían apenas cuatro días después de que se solicitara por parte de Rottneros la insolvencia acogiéndose a la Ley Concursal. Suecia daba la orden de iniciar un proceso de liquidación que ya no pillaba a nadie por sorpresa. Los administradores liquidadores ponen sobre la mesa un informe en el que su principal argumento para cumplir con los acreedores está en la venta de activos. En este punto cifran entre 40 y 50 millones de euros, según se recoge en un dossier facilitado por CC OO, el valor económico de los 1,8 millones de metros cuadrados que pertenecen a la multinacional. «Los trabajadores no cobraríamos nada, teniendo que acogernos al Fogasa», aseguran.

Lo más llamativo para la plantilla formada por 250 trabajadores -a los que se añadirían otros 150 puestos indirectos-, llegaría con un fallo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Burgos; declaraba insolvente a la papelera y esta obtenía así el primer 'certificado' legal para seguir adelante con el concurso de acreedores o, lo que es lo mismo, para liquidar la sociedad.

Informe y alegaciones

El auto de 27 de abril, dictado por el juez José María Tapia, lo dio a conocer este periódico el pasado 4 de mayo. Nombraba tres administradores judiciales (el abogado Jesús Javier Andrés González, el economista Jesús Verdez Lezana y el acreedor FL Smidth) y abría un proceso de dos meses prorrogable a un tercero para la emisión de un informe sobre la situación contable, así como la valoración económica de los bienes que la corporación tiene en la ciudad. Con ese estudio se abrirá un nuevo periodo de alegaciones. Después se decidirá sobre lo que antes se conocía como suspensión de pagos.

Y ese es el escenario actual. Hoy los plazos corren más o menos de así: Intermills dispondría de unos quince días para dirigirse a Valladolid con un proyecto de peso; y el procedimiento judicial tendría que bajar la bandera como muy tarde a finales de agosto. El carácter de inhábil que tiene ese mes pudiera dilatar la espera a septiembre. Pero no más.

Para ese supuesto, de hecho, existiría una nueva fecha final de referencia: la que marcase la última prórroga del ERE, sin finalmente, se llega a consolidar. Los trabajadores, de momento, consiguieron solventar la pasada semana uno de sus problemas más graves que les llevó incluso a plantearse la posibilidad de crear una caja de resistencia: cobraron dos mensualidades pendientes del Inem. Ellos aún mantienen en un cajón otra posible vía de solución: la cooperativa.