medidas anticrisis
Amplía la ayuda de 420 euros a otros 300.00 parados que han perdido el subsidio desde enero
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado. / REUTERS
La necesidad de consenso hizo el milagro. Después de dos semanas de acuerdos, globos sonda y rectificiones, José Luis Rodríguez Zapatero, agobiado por su soledad parlamentaria, dio el plácet para que los 420 euros mensuales de ayuda a la inserción en el mercado laboral los cobren, si así lo solicitan, todos los parados que agotaron el subsidio a partir del pasado 1 de enero y no sólo los que se encuentran en esa situación desde el 1 de agosto. Los potenciales nuevos beneficiarios son entre 250.000 y 300.000, que se sumarán a los 340.000 ya previstos.
El PSOE se vio forzado a extender esa prestación por exigencias de las fuerzas de izquierda IU-ICV, ERC, BNG y Nafarroa Bai. Estas formaciones renunciaron a posiciones maximalistas con la bendición de los sindicatos, que en los últimos días han presionado a Zapatero para que rectificara y que se apresuraron a saludar el acuerdo. Para el líder de UGT, Cándido Méndez, es una medida de «justicia social». CC OO sostuvo que «beneficiará prácticamente a la totalidad» de los parados que hayan agotado el subsidio. A esos partidos minoritarios se les sumaron el PNV, CiU y Coalición Canaria. Sólo el PP quedó al margen. La retroactividad a comienzos del año hace que el Ejecutivo ya pueda contar con los votos de esos grupos para sacar adelante en el Congreso una iniciativa que nadie cuestiona, pero que se estableció y presentó con severas limitaciones y en las peores circunstancias posibles.
El coste añadido a las cuentas del Estado asciende a un máximo de 700 millones de euros, a sumar a los 642 ya previstos. La cuantía total se repartirá de forma desigual entre lo que resta de 2009 y el próximo ejercicio. Este año las arcas ya no están para nada y la prevención de la gripe A ha agotado los fondos para imprevistos, lo que hace muy probable que el Gobierno tenga que llevar al Parlamento una nueva ampliación del techo de gasto.
Extender las ayudas significa «detraer recursos de otras alternativas o incrementar nuestro déficit», que se ha multiplicado por cinco en un año, «porque en una unión monetaria el dinero no se puede crear», había alertado desde Bruselas poco antes de anunciarse el acuerdo la vicepresidenta económica, Elena Salgado. A mediodía, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, se apresuró a matizar que ella compartía la ampliación «por ser financieramente sostenible». Alonso agregó que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, también estaba de acuerdo, pese a que hace sólo dos días había trasladado a los sindicatos que la única posibilidad era echar marcha atrás dos meses, hasta el 1 de junio.
Del acuerdo con las minorías ha salido, además, la fórmula para que el Gobierno pueda enmendar el polémico real decreto ley que aprobó el 13 de agosto. Ese texto se convalidará el 17 de septiembre en el pleno del Congreso en los términos en los que se redactó, en una votación que ya cuenta con mayoría suficiente y en la que el PP podría, en todo caso, abstenerse. No es previsible que se pronuncie en contra.
De forma simultánea se aprobará la tramitación del proyecto de ley que introducirá los cambios y que se estudiará en la Cámara por un procedimiento infrecuente: lectura única y carácter de urgencia. «Si ningún grupo pone palos en la rueda», dijo Alonso, la aprobación se producirá en noviembre. Si no es así, acumulará un mes de retraso
Las minorías de izquierda han presionado para que esas modificaciones no se limiten a la retroactividad. También han alcanzado un principio de acuerdo para prorrogar el plan más allá de los seis primeros meses sin condicionar su extensión a otro semestre a la persistencia de un paro superior al 17%, como aparecía en el preámbulo. Que la proporción de desempleados seguirá por encima de ese porcentaje en 2010 no lo discute ni el Gobierno, que ha previsto un 18,9%.
