Hecha la ley, hecha la trampa, pero la sombra de Hacienda es alargada. El fraude está a la orden del día pero los mecanismos para atajarlo siguen muy de cerca la picaresca de los contribuyentes. Para muestra, las transacciones realizadas con billetes de 500 euros, los de mayor cuantía. Según los datos a los que ha tenido acceso EL CORREO, la Hacienda foral ha abierto desde 2008 un total de quince expedientes sancionadores que se han traducido a lo largo de este año en 1,1 millones de euros recuperados para las arcas forales en concepto de sanciones ya firmes.
No se trata de operaciones con billetes falsos -asunto de naturaleza policial- sino de transacciones fraudulentas efectuadas con dinero negro. El 'modus operandi' que rige la actuación de los inspectores de Hacienda tiene varias vertientes y se inicia, sobre todo, en el intercambio de información que las entidades financieras efectúan con el fisco. Y es que la colaboración entre las haciendas vascas, la Agencia Tributaria y los bancos y cajas de ahorro es «muy estrecha». Por ejemplo, aunque un contribuyente alavés se vaya fuera del territorio para realizar cualquier operación, esta información, siempre que despierte la mínima sospecha, llega a la Hacienda alavesa gracias a los mecanismos de control establecidos hace ya varios años.
Los billetes se 500 se han convertido en los años de bonanza económica española en el mejor sinónimo de fraude, sobre todo en operaciones relacionadas con el sector inmobiliario o el de coches de lujo. De hecho, diversas estadísticas sitúan en España una cuarta parte de todos los billetes de esta cuantía que circulan por el mundo. Sin embargo, su presencia se ha reducido de forma significativa en los últimos años hasta alcanzar niveles de 2005. Ahora, circulan 109 millones de unidades, cinco menos que en 2007, según los últimos datos oficiales del Banco de España.
Varios impuestos
No todas las sospechas terminan en expedientes ni éstos en sanción. Las complejidad es mucha ya que su tramitación puede prolongarse más de un año. «Puede que una persona saque una cantidad importante de dinero que tiene ingresada en el banco con el único fin de meterlo en otra entidad y así ahorrarse las comisiones. Otros, sin embargo, lo hacen para realizar operaciones que quizá lleven aparejadas dinero negro, por lo que hay que estar muy vigilantes», explican fuentes de la Hacienda alavesa.
Cada caso es un mundo, por lo que se hace muy difícil generalizar. Depende del volumen de las operaciones, de la buena disposición del presunto defraudador cuando es requerido ante Hacienda... «Para actuar hay que tener todo muy atado», matizan estos mismos medios. Los expedientes, asimismo, son recurribles, de forma que el impasse entre su apertura y la sanción definitiva puede durar muchos meses.
Respecto a la sanciones, también son de lo más diverso y depende de cada caso. Varía, sobre todo, si se trata de una persona física o jurídico y del impuesto que se ha dejado de pagar. En el caso de que el fraude se detecte en una empresa, lo normal es que se produzcan anomalías tanto el cobro del IVA como en el Impuesto de Sociedades. La multa puede ir desde el 30 ó el 40% del dinero defraudado o dispararse hasta el 150% en diferentes supuestos.
El exhaustivo control de los billetes de 500 euros se impulsó hace ya más de un lustro al albur del 'boom' económico que estaba viviendo España gracias al ladrillo. Ahora, se ha dado un nuevo paso en la lucha contra el fraude investigando la circulación de billetes de 200, último recurso de los presuntos defraudadores tras extremarse la vigilancia de Hacienda sobre los de 500.
Amén de los 1,1 millones de euros recuperados por la Diputación alavesa en el presente ejercicio, las operaciones antifraude impulsadas 'ad hoc' por las administraciones están siendo bastante eficaces. Por ejemplo, la causa abierta contra el ex director de Hacienda de la Diputación de Guipúzcoa, Víctor Bravo, fructificó gracias a una investigación sobre billetes de 500 euros.
a.lorente@diario-elcorreo.com