El Consejo de Gobierno de la Diputación de Vizcaya ha aprobado un decreto por el que se modifican con carácter transitorio las condiciones para la exoneración de garantías en los aplazamientos de deudas. La institución alega que la crisis está afectando tanto a particulares como a empresas, y especialmente a quienes se ven obligados a solicitar financiación externa para enfrentarse a dificultades transitorias de tesorería.
De este modo, y con el objetivo de facilitar la obtención de aplazamientos a aquellos contribuyentes necesitados, la Diputación ha modificado el reglamento que regula la cuestión. Con efectos para las solicitudes que se realicen hasta el 31 de diciembre de 2010, no se exigirá garantía para el aplazamiento de pago de deuda en periodo voluntario; siempre que se trate de plazos máximos improrrogables de doce meses y el total de deuda pendiente sin garantizar no supere los 150.000 euros para cada obligado al pago.
La no exigibilidad de garantía podrá condicionarse a la solvencia del deudor y el decreto no será de aplicación a las deudas que correspondan a cantidades retenidas o que hubieran debido retener a terceros, salvo las correspondientes a los rendimientos del trabajo.
