El PP de Cantabria ha acordado abandonar el equipo de gobierno de Castro Urdiales y suspender temporalmente de militancia a los dos concejales de su grupo imputados en delitos de prevaricación en el 'caso Mioño': el teniente de alcalde, José Miguel Rodríguez, y la edil de Cultura, Concepción Carranza. El presidente regional del PP, Ignacio Diego, ha anunciado hoy las decisiones que tomó anoche sobre este asunto el Comité Ejecutivo del partido, en una rueda de prensa en la que ha mostrado su disposición a dialogar "con cualquiera que quiera hablar sobre la situación de Castro Urdiales" y a trabajar para que "en ningún momento haya ingobernabilidad" en el tercer municipio de Cantabria.
"Lo que va a hacer el PP es, desde el mejor criterio y siempre desde la preponderancia de los intereses de los castreños, actuar en beneficio de éstos", ha subrayado Diego, antes de reiterar la "decidida voluntad de diálogo" de su partido para "buscar las mejores salidas en beneficio" de los ciudadanos del municipio. Diego no ha aclarado, por lo tanto, si su partido está dispuesto a respaldar una moción de censura contra el alcalde, Fernando Muguruza, para el que la Fiscalía pide ocho años y nueve meses de inhabilitación por un delito de prevaricación en la adjudicación sin concurso de las obras de reparación del túnel de "Mioño" a la empresa dirigida por el hermano de un concejal, en 2006.
Sin el apoyo del PP, Fernando Muguruza, expulsado del PRC y declarado "tránsfuga", queda en minoría en una Corporación de 21 ediles, con el apoyo de cinco concejales de Acuerdo con Castro y la incertidumbre de qué decisión adoptaran los dos ediles que ya no forman parte del PP: José Miguel Rodríguez y Concepción Carranza. Ignacio Diego ha mostrado su convencimiento personal de que Rodríguez y Carranza son inocentes y ha expresado su deseo de que los tribunales actúen con la mayor celeridad posible, para que cuanto antes se confirme su inocencia.
Muguruza fue expulsado del PRC en 2007, tras incumplir las instrucciones de su partido para apoyar la investidura de la candidatura más votada, la de la socialista María Jesús Esteban. En los últimos meses, ha sido imputado en media docena de procedimientos penales por delitos de prevaricación en la contratación de obras y servicios, falsedad, malversación y delito urbanístico, instruidos a partir de las irregularidades que supuestamente se cometieron en su primer mandato (2003-2007).
