La Audiencia Nacional considera "muy complicado" que los dos presuntos piratas detenidos tras el secuestro del atunero español 'Alakrana' pudieran ser trasladados y puestos a disposición de la Justicia de Kenia para facilitar la liberación de los 36 tripulantes de la embarcación que permanecen capturados, tres de los cuales fueron esta mañana trasladados a tierra.
Así lo han señalado fuentes de este tribunal, que destacaron que el auto dictado el pasado día 2 por el Pleno de la Sala de lo Penal, en el que se determinó que el juez competente para investigar al supuesto corsario 'Abdu Willy' es Santiago Pedraz, establecía con claridad que el caso debe ser investigado y juzgado por los tribunales españoles.
La Sala de lo Penal justificaba su competencia para actuar penalmente contra los dos detenidos --Cabdiwelli Cabdullahi, alias 'Abdu Willy', y Raageggesey Hassan Haji, 'Raageggesey Adji Haman'--, al tratarse de los presuntos autores de un acto de violencia ocurrido "a bordo de un buque español" que se corresponde con delitos recogidos por el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima y la Convención sobre el Derecho del Mar.
De esta forma, la única posibilidad de que los dos detenidos pudieran ser puestos a disposición de Kenia pasaría por que el juez Pedraz dictara una declinatoria de jurisdicción a solicitud de alguna de las partes personadas en el proceso: la defensa de los piratas, la Fiscalía o la Abogacía del Estado.
Hipótesis muy improbables
Las fuentes consultadas consideran muy difícil en términos jurídicos que una petición de estas características pudiera prosperar porque podría interpretarse como una cesión a los secuestradores. De hecho, la Fiscalía ya se pronunció sobre esta cuestión en el escrito que dirigió al juez el pasado 5 de octubre para solicitar la prisión de los dos detenidos por 36 delitos de detención ilegal y otro de robo con violencia y uso de armas.
En ese escrito, el fiscal Jesús Alonso defendía con claridad la competencia de los tribunales españoles argumentando que la acción de piratería que se imputa a los dos detenidos se produjo "fuera de la zona de seguridad de la Operación Atalanta y, por lo tanto, al margen de las previsiones operativas y legales acordadas por la Unión Europea en el marco de la citada operación".
De esta forma, el Ministerio Público defendía que en este caso "no resultan aplicables" los acuerdos de colaboración y el Canje de Notas que la Unión Europea y Kenia firmaron en febrero pasado y que establece que la jurisdicción de este país es la única competente para juzgar a los detenidos en el marco de esta operación. La Fiscalía también destacaba que la Justicia española debe hacerse cargo de esta causa por tratarse de "una agresión contra un buque español y contra ciudadanos españoles".
Así, el caso del 'Alakrana' sería diferente al de los 14 piratas somalíes que fueron arrestados en mayo pasado por el buque 'Marqués de la Ensenada' cuando intentaban tomar al asalto un barco de bandera panameña. El juez Fernando Andreu dictó inicialmente su ingreso en prisión aunque, tras un recurso de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, aceptó la entrega a Kenia en virtud del convenio de colaboración suscrito entre ambas partes.
Sin información oficial
Según han explicado las citadas fuentes, el juez instructor del caso, Santiago Pedraz, no recibió durante esta mañana ninguna comunicación oficial que le confirmara el traslado a tierra de los tres tripulantes a pesar de que el instructor estuvo en permanente contacto con la Comisaría General de Información.
Esta falta de información se ha producido a pesar de que el juez que sustituyó a Pedraz al inicio de las diligencias, Baltasar Garzón, dictó un auto el 5 de octubre en el que ordenaba al Ministerio de Defensa que trasladara a la Comisaría General de Información "todos y cada uno de los elementos, datos, documentos, material y cualesquiera otros aspectos relacionados con los hechos", así como la identidad y situación de las víctimas y de los presuntos responsables del secuestro.
Garzón detallaba que la Comisaría General de Información asumiría la investigación "en todas sus fases y extensión, en coordinación con las Fuerzas Armadas que se hallan en el escenario de operaciones". En este sentido, instaba a sus responsables a desplazarse al lugar de los hechos, "si fuera necesario", para confeccionar los atestados, informes y declaraciones que resulten "relevantes" para la investigación.
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