El Grupo Popular registró ayer una batería de 25 preguntas en el Congreso para forzar al Gobierno a dar explicaciones sobre el chivatazo al aparato de extorsión a ETA en mayo de 2006 que operaba desde el bar Faisán de Irún. Esta ofensiva parlamentaria, que va dirigida fundamentalmente a la vicepresidenta primera y al ministro del Interior, se produce una semana después de que María Teresa Fernández de la Vega rechazara responder en la Cámara sobre el 'caso Faisán' y reenviara el asunto a Alfredo Pérez Rubalcaba, que se encontraba de viaje oficial en Washington.
El PP, que ha pedido al juez Baltasar Garzón ser parte acusadora en este proceso, intenta mantener vivo el sumario, cuyo archivo reclamó la Fiscalía el mes pasado por entender que es imposible saber quién informó a los colaboradores de ETA sobre la inminencia de la operación para no perjudicar así supuestamente el proceso de negociación abierto entonces por el Gobierno con la banda terrorista.
Los populares manejan la tesis de que el soplo surgió de altos responsables de Interior y dirigen su petición de información a los siguientes puntos: el desplazamiento de la Guardia Civil de las pesquisas, el alejamiento de ciertos funcionarios de la investigación y la potenciación de otros, las medallas concedidas a agentes involucrados en el caso, las grabaciones al supuesto delator y la «manipulación» de imágenes donde debería aparecer el chivato, entre otros asuntos.
