Sólo ha sido una amenaza. De momento. Los representantes de los clubes de Primera y Segunda División, reunidos ayer en la sede de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), aplazaron el cierre patronal en protesta por la decisión del Gobierno de aumentar la tributación del 24 al 43 % de los trabajadores foráneos no residentes con salarios de más de 600.000 euros, una medida que golpea de lleno a sus finanzas. En lugar de optar por la paralización de la competición, paso al que se oponía el sindicato de futbolistas (AFE), los equipos crearon una comisión para negociar con representantes del Ejecutivo y el Parlamento una posible relajación de esta normativa que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2010 y que les costaría alrededor de 100 millones de euros.
Este grupo de trabajo, compuesto por Florentino Pérez (Real Madrid), José María del Nido (Sevilla), Francisco Rubio (Numancia) y José Luis Astiazarán (LFP), entre otros, pretende arrancar del Ejecutivo alguna compensación por la eliminación de la llamada 'ley Beckham'. En principio, se habla de una inyección económica a las arcas de los clubes, pero todo queda a expensas de esas conversaciones al máximo nivel. En función de los resultados alcanzados, los clubes debatirán si 'cierran' el campeonato o lo continúan el 19 de noviembre en una nueva asamblea. «Ese día adoptaremos las decisiones oportunas en función de los avances en el tema de la reforma y en otra serie de estrategias de interés para el fútbol español», recalcó José Luis Astiazarán, la persona que el pasado martes amenazó con la «huelga» por esta alza de impuestos.
Su tono, en cambio, era ayer más mesurado. «Hemos decidido ser constructivos y negociar con el Gobierno. Por eso, no hemos adaptado ninguna medida de presión en aras a la colaboración y el entendimiento. En busca de un diálogo urgente y eficaz», explicó el ex presidente de la Real Sociedad. Pero en el fondo, la LFP mantiene su postura, ésa que dice que la Liga española perderá nivel con respecto al resto de campeonatos si la medida sale adelante, pues dificultará la llegada de grandes futbolistas extranjeros. «Menoscaba nuestra capacidad competitiva», incidió Astiazarán.
Y para cargarse de más razones en su oposición al alza de impuestos, la patronal publicó ayer un informe en el que defiende el peso económico y social del fútbol. Entre las cifras más importantes destacan los 9.000 millones de euros que, según el estudio, aporta cada año a la economía y los 85.000 empleos directos e indirectos creados. Asimismo, el documento deja claro que el balompié es la primera industria de ocio en España, ya que capta la atención de más del 50 % de la población.
«Es de justicia»
Por este motivo se ha desatado un debate tan intenso, con los políticos apelando «a la solidaridad» de los deportistas en un momento de crisis. De hecho, la mayoría de las personas que se han pronunciado sobre esta polémica lo han hecho a favor de la subida impositiva. Incluso Raúl y Casillas -«Es de justicia y lo veo correcto», apuntó el portero-, cuya entidad saldrá perjudicada debido que tendrá que desembolsar más dinero por el pago del IRPF de hombres como Cristiano Ronaldo y Kaká.
Y es que la medida afecta a todos los equipos españoles -sólo 43 futbolistas declararon el año pasado cobrar más de 600.000 euros según el Ministerio de Economía, aunque se calcula que hay un centenar-, a excepción del Barcelona. ¿El motivo? Que la directiva de Joan Laporta pacta con los jugadores el salario bruto, en lugar de neto, como el resto. Eso sí, Guardiola ayer se unió a las críticas: «El Gobierno necesita dinero y por eso quiere reformar la 'ley Beckham».
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