«Rigurosidad». Ese es el criterio que debería guiar las pautas de actuación municipales en temas de Medio Ambiente y que los populares consideran que brilla por su ausencia. No quieren que se vuelva a repetir la situación de la estación de autobuses: que se diga a la empresa constructora que no se necesita licencia ambiental y días más tarde que sí.
Una falta de criterio que consideran también se está dando con el uso del vertedero municipal. Quienes constatar fehacientemente que hay un control exhaustivo sobre los vertidos que allí se están haciendo. Tienen sus dudas y por eso los populares han solicitado al equipo de Gobierno un informe detallado sobre los residuos que se están depositando en el recinto así como el dinero que se está ingresando en las arcas municipales por este concepto. «Tenemos dudas y muchas preguntas y lo que pedimos es que se aclaren y se nos facilite toda la información».
Las denuncias ciudadanos que a ellos les han llegado apuntan a una discrecionalidad a la hora de permitir o no la descarga de camiones con diferentes materiales y la comparativa de las cuentas de resultados de la misma instalaciones en ciudades similares arrojan balances económicos notablemente superiores a los de Miranda.
«Queremos que se nos demuestre que existe un control de los vertidos que se están haciendo y que no estamos dejando de recaudar muchos ingresos por los mismos», explicó el portavoz popular, Borja Suárez, que no olvido que se trata de una instalación que ya ha cumplido su vida útil y «ya debería estar sellado».
Pero mientras siga abierto quieren que se actué con criterios ecológicos y medioambientales, porque no sirve que los ciudadanos reciclen en los contenedores de la ciudad, disponer de una planta de transferencia y contar con un consorcio de residuos si luego en el vertedero se mezclan «hormigón y hierro y no se clasifican los distintos materiales».
Evidentemente, de confirmarse sus sospechas a tenor de los informes que esperan recibir del alcalde, Fernando Campo, pedirán responsabilidades a quien competa. Y consideran que seguramente será necesario hacerlo porque no se han querido tomar medidas correctoras con anterioridad. «Tienen un montón de informes técnicos a los que no se ha hecho ni caso», lamentó Suárez.
