El Estado salvadoreño ha asumido su responsabilidad por los daños causados a la Iglesia, la población y la familia de monseñor Oscar Arnulfo Romero por su asesinato a manos de los denominados escuadrones de la muerte en marzo de 1980.
El director de la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores salvadoreño, David Morales, ha asegurado durante un encuentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington que su Gobierno tratará de resarcir estos daños. Este compromiso, inédito, modifica la postura mantenida durante las últimas décadas por parte de la administración del país iberoamericano.
Morales ha explicado que se denominará una plaza con el nombre del arzobispo y se elaborará un vídeo donde se documente la vida y obra de monseñor Romero y el legado dejado a la sociedad salvadoreña, según informó 'Diario CoLatino'.
Militares de ultraderecha
Romero, reconocido por sus denuncias de abusos de los Derechos Humanos en su país, murió abatido cuando oficiaba una misa el 24 de marzo de 1980. La Comisión de la Verdad instaurada en 1993 para investigar los crímenes cometidos en la guerra civil salvadoreña, concluye que el crimen había sido ejecutado por un escuadrón de la muerte compuesto por civiles y militares ultraderechista y dirigidos por el mayor Roberto d'Aubuisson.
La CIDH ya recomendó en el año 2000, cuando el Gobierno de entonces se negó a reconocer su responsabilidad en estos hechos, la realización de una investigación judicial completa y la reparación de los daños cometidos durante este conflicto.
