Francia ha entregado en los últimos doce meses a 56 piratas apresados por su Marina en aguas del Índico a las autoridades de la región semiautónoma de Puntlandia (Somalia) para que sean juzgados con respeto a los Derechos Humanos. Hasta el mes de abril, 37 bandidos ya habían sido condenados a tres años de prisión. Un informe de la Asamblea Nacional -el Parlamento francés- recomienda esta solución ante los inconvenientes jurídicos, políticos y legales que se han revelado en otros casos en los que se decidió trasladar a los piratas a Francia. De hecho, ahora hay quince secuestradores somalíes encarcelados a la espera de juicio.
La vía puntlandesa fue inaugurada por Francia, único país que la practica hasta la fecha, el 23 de octubre de 2008, cuando entregó a las autoridades de la región 'federal' a nueve piratas interceptados por su Marina en aguas internacionales con armamento y material de abordaje. «Las autoridades locales se han comprometido a perseguir a los piratas y han dado al Gobierno francés todas las garantías de trato a estos prisioneros conforme a los convenios internacionales», anunció entonces el Ministerio de Defensa.
La siguiente entrega tuvo lugar a comienzos de este año y afectó a ocho piratas que habían intentado abordar un mercante panameño. El último episodio de la serie sucedió el pasado 12 de octubre cuando fueron puestos en manos de Puntlandia cinco sospechosos del ataque nocturno al buque insignia de las fuerzas navales galas en el Índico. Por primera vez se produjo una cesión tácita de jurisdicción con intereses franceses directamente en juego.
Los observadores apreciaron en la decisión razones políticas ya que en la actualidad un ciudadano francés es rehén de las milicias somalíes. Pero también percibieron la aplicación de las recomendaciones formuladas por el diputado Christian Ménard en un informe presentado en la Asamblea Nacional el pasado 13 de mayo.
Colaboración
«A la espera de un restablecimiento de la autoridad pública en Somalia, podría ser útil, pese a las reticencias de la comunidad internacional, emprender una colaboración con Somalilandia y Puntlandia, que conservan una cierta estructura administrativa y parece que quieren hacer esfuerzos para aparecer como autoridades responsables y dignas de confianza», escribía.
El parlamentario recordó que el propio secretario general de las Naciones Unidas alienta la cooperación con esos territorios autoproclamados autónomos y no reconocidos oficialmente. «Las autoridades de Puntlandia se han mostrado verdaderamente dispuestas a luchar contra la piratería en sus costas», señala Ban Ki-moon en un informe presentado al Consejo de Seguridad el pasado 16 de marzo.
El diputado Ménard resaltó, además, los inconvenientes de juzgar a los piratas en los tribunales franceses. La Marina se ve obligada a llevar a los prisioneros a suelo galo, «lo que lleva mucho tiempo y cuesta mucho dinero»; los marineros «no siempre están bien formados» para recoger las pruebas; y existe, por último, un «gran riesgo de fracaso y de liberación de los piratas detenidos».
