Veintitrés buques atuneros españoles, 15 de ellos que trabajan al cerco y 8 que pescan a la caña, van a quedarse sin caladeros en Guinea Conakry a partir del 1 de enero porque los socialistas españoles y la representante del PNV en la Comisión de Pesca del Parlamento europeo, Izaskun Bilbao, decidieron hace unos días votar en contra del acuerdo con este país africano, como represalia por la matanza de un centenar largo de civiles a manos del ejército local en las revueltas contra la dictadura militar que gobierna el país. La decisión parlamentaria no tiene carácter resolutorio, pero deja las manos libres a las otras dos instituciones con capacidad de pronunciamiento, la Comisión y el Consejo.
El pacto de asociación de la Unión Europea para la pesca con Guinea Conakry data de 1983, pero su adaptación a los nuevos estándares requería que fuera derogado y sustituido por uno nuevo, tal y como establece una decisión del Consejo de la UE del 28 de mayo. El nuevo acuerdo, que debía haber entrado en vigor el pasado 1 de enero, preveía una financiación para Guinea de 450.000 euros anuales hasta el 31 de diciembre de 2012. Se contemplaban también subvenciones por 1,6 millones para facilitar la creación de un mecanismo de vigilancia y control de las actividades pesqueras en Guinea. A cambio, las autoridades locales permitían la presencia en sus aguas de medio centenar de buques, la mayoría de ellos españoles, pero también franceses e italianos, dedicados, esencialmente, a la captura de atún.
A comienzos de octubre, la comisión de Pesca abordó el tema. Sus dictámenes en esta materia tienen carácter consultivo. La actividad pesquera de las flotas comunitarias en aguas de Guinea estaba garantizada para este ejercicio, a pesar de que el acuerdo precedente había caducado el 31 de diciembre de 2008, debido a una técnica de uso generalizado con los países terceros con los que los Veintisiete mantienen acuerdos pesqueros, y que consiste en la reconducción automática del convenio hasta que se sustancia la tramitación del nuevo. Se define, a tal objeto, una liquidación provisional de la contrapartida financiera, que debería tener lugar el 30 de noviembre a más tardar.
El rechazo del nuevo protocolo en la comisión de Pesca por corta mayoría (11 votos contra 9), ha llevado al comisario Borj a anunciar la posible retirada de su propuesta de renovación del acuerdo. La presidenta de la comisión, Carmen Fraga, manifestaba días atrás a este periódico su estupor por el comportamiento de los eurodiputados socialistas y de la nacionalista, dada la importancia del acuerdo comprometido para los intereses pesqueros españoles. «Hablé con el PSOE. No lo hice con Izaskun Bilbao porque la presuponía al tanto de lo que nos jugábamos. Les dije que la comisión de Pesca tiene que hablar de temas pesqueros, no de derechos humanos; que, si acaso, ya le correspondería al plenario adoptar una postura al respecto. No me hicieron caso y, aunque mi informe fue aprobado, el acto legislativo no. Y el comisario de Pesca me ha hecho llegar una carta diciéndome que tiene que reconsiderar su propuesta, una vez constatado que el acuerdo con Guinea no tiene el apoyo político de la comisión».
Tres socialistas españoles forman parte de la comisión de Pesca, además de un miembro de los verdes. Si los primeros y la eurodiputada del PNV hubieran votado a favor, el Parlamento no se habría convertido en excusa para las penalizaciones que la Comisión y el Consejo quieren imponer a Guinea. El resultado conviene esencialmente a los Verdes y a Berlín, que desean recortar las asignaciones presupuestarias para acuerdos pesqueros de los que apenas se beneficia.
