El grupo utilizaba dos sistemas para obtener los permisos de conducir de manera fraudulenta. Uno de ellos consistía en la presentación a los exámenes de personas preparadas, que usurpando la identidad de quienes ya habían pagado los 3.000 euros y acreditando la identidad de éstos mediante tarjetas de residentes extranjeros falsos, superaban las pruebas establecidas por la legislación y obtenían de este modo los carnés de conducir.
El segundo sistema consistía en la entrega a los interesados de las respuestas de los modelos de exámenes teóricos que posee la Dirección General de Tráfico, que al parecer habían conseguido, y que tras ser memorizados por los alumnos fijaban todas las respuestas correctas el día del examen.
Entre los efectos intervenidos figuran tarjetas de residencia falsificadas, plastificadoras, escáners, certificados médicos falsos y documentos relacionados con Tráfico.
