Sus nueve años de experiencia como enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Santiago no impidieron que cometiera «una imprudencia grave». Un error que podía haberle costado la vida a uno de sus pacientes, a quien realizó una transfusión equivocada, y por el que la Audiencia Provincial de Vitoria le condena ahora a cuatro meses de cárcel y a pagar 25.000 euros -entre la acusada, la compañía aseguradora y Osakidetza- en concepto de indemnización a la víctima.
La ya condenada se encontró aquella trágica mañana en su planta con dos enfermos que necesitaban del mismo tratamiento. Ambos se hallaban «en camas contiguas» y esperaban una transfusión de sangre que, según el parte médico del día, se «había decidido realizar a la vez», recoge la sentencia. Sin embargo, los glóbulos rojos destinados a uno de ellos fueron, fatídicamente, a parar al cuerpo del otro, advierte el escrito en base a los volantes y los informes de investigación elaborados por el propio centro sanitario. Al parecer, la posibilidad de «equívoco se contempla como muy probable» en el momento justo de llevar a cabo la operación, por lo que el protocolo exige una atención especial a la evolución del paciente en los instantes posteriores -se habla de los primeros diez minutos y, luego, cada media hora como mínimo- que la profesional «reconoció no adoptar».
«No fue hasta dos horas después, cuando ya se habían transfundido las dos bolsas, y cuando el enfermo comenzaba a colapsarse, el momento en el que se tuvo constancia del error», recoge la sentencia. Para entonces, «ya no había vuelta atrás», añade. La enfermera, supuestamente, tuvo más de una ocasión -por ejemplo, cuando realizaron un TAC al hombre- de recomponer la situación, pero «no lo hizo». Su actuación «tardía» obligó a los médicos a aplicar «un tratamiento médico intenso y rápido» para frenar las consecuencias del error: anemia intravascular, problemas en la coagulación de la sangre y posibles hemorragias con «resultado de lesiones».
«Veo pero no veo»
La enfermera, sin embargo, argumentó en primer momento que «no se había solicitado sangre para el otro paciente» aunque luego reconoció su fallo y lo atribuyó a una situación de «estrés». «Veo pero no veo. Sí que sé lo que estoy haciendo, pero no soy consciente de que realmente pone ese nombre», declaró tras reconocer que no había comprobado las identidades impresas en las bolsas.
En la sentencia se le considera «la última responsable de administrar la sangre» y por ello se le condena a pagar una indemnización de 25.000 euros -la Fiscalía pedía 7.000 menos y la acusación un total de 75.000- a la tutora de la víctima, así como a cumplir cuatro meses de prisión.
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