La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la sala de lo penal de este tribunal que embargue las cuentas bancarias y el negocio que ha abierto el etarra condenado por la muerte de Ramón Baglietto, Kandido Azpiazu, para pagar así la indemnización de más de 12 millones de pesetas que le fue impuesta.

Así lo confirmaron hoy fuentes jurídicas, que precisaron que también se ha solicitado a la sala que se dirija al Registro de la Propiedad para determinar si el local comercial que adquirió Azpiazu en marzo de 2003 en los bajos del mismo edificio donde reside la viuda de Baglietto, la concejal del PP en Azkoitia (Guipúzcoa) Pilar Elías, es suyo y si tiene algún otro inmueble más.

La Fiscalía realizó esta petición el pasado día 5 de diciembre después de constatar que Azpiazu, al ser declarado insolvente, no ha abonado la indemnización de 12,6 millones de pesetas que la sentencia del 21 de noviembre de 1981 le imponía y en la que fue condenado a 49 años de prisión por el asesinato de Baglietto.

Una vez que se compruebe si Azpiazu es el dueño de dicho local, la Fiscalía quiere que el tribunal ordene su embargo, así como el de las cuentas bancarias que pudiera tener abiertas en la entidad financiera que le concedió el crédito con el que adquirió el negocio.

Asesinado en 1980

Según las citadas fuentes, la Fiscalía no ha solicitado actuar contra el otro etarra condenado por el asesinato de Baglietto, José Ignacio Zuazolazigorraga. La sección primera de la sala de lo penal no ha notificado aún la decisión al respecto, ya que debido a la antigüedad de la sentencia ha tenido que solicitarla al archivo judicial de Alcalá de Henares (Madrid), donde se almacenan las resoluciones antiguas.

Azpiazu asesinó en 1980 al edil de UCD Ramón Baglietto, quien salvó la vida al etarra cuando, siendo un bebé, iba a ser atropellado por un camión mientras estaba en brazos de su madre

El caso de Baglietto, entre otros, hizo que el pasado 15 de diciembre el Alto Comisionado de Apoyo a las víctimas del terrorismo Gregorio Peces-Barba pidiera que se apliquen medidas de alejamiento para evitar la situación de que condenados por terrorismo que ya han cumplido condena puedan vivir o trabajar cerca de sus víctimas.