El año que ahora comienza dará sus frutos en Euskadi siempre y cuando las formaciones políticas y las instituciones hayan asimilado las lecciones que nos ha dejado 2005. El pasado año la sociedad vasca ha sido a la vez protagonista y espectadora de importantes acontecimientos que podrían preludiar un tiempo de cambio y esperanza. El anhelo de que el terrorismo desaparezca definitivamente y el deseo de que el entendimiento sustituya al enfrentamiento en la política vasca son propósitos comunes a la inmensa mayoría de la sociedad. Pero aún persisten los intentos de manipulación de esas aspiraciones colectivas. La paz continua apareciendo en demasiadas ocasiones como coartada argumental para defender opciones políticas que se asemejan en exceso a las pretensiones que albergan los propios terroristas. Del mismo modo que la apelación al diálogo 'sin condiciones ni exclusiones' trata de inducir en la opinión pública una sensación tan irreal como injusta: la impresión de que hay que partir de cero -como si los vascos no contasen ya con un marco de libertades y autogobierno envidiables- y la idea de que todos tienen idéntico derecho a participar en ese diálogo, incluidos quienes han apuntalado su discurso político sobre la persecución brutal y sistemática de quienes se resisten a sus pretensiones. 2006 se presenta como un año de expectativas; y lo será si la sociedad y sus representantes más comprometidos con la convivencia en libertad logran apartar los peligros que representan la intolerancia, el exclusivismo y la confrontación extrema.

2005 fue el año en el que las Cortes Generales primero y los electores vascos después orillaron el denominado Plan Ibarretxe. Un proyecto que al finalizar dicho año trataron de reivindicar, significativamente, el lehendakari Ibarretxe y el dirigente jeltzale Joseba Egibar. El autogobierno vasco, con un cuarto de siglo de vigencia, requiere ser actualizado y eventualmente reformado para ajustarse a nuevas necesidades y desafíos. La experiencia acumulada y la integración europea así lo aconsejan a la hora de clarificar al máximo nuestro marco competencial y procurar una gestión más eficiente de los intereses ciudadanos. Pero la gran lección que ha dejado 2005 es que ni el Estado constitucional ni la voluntad ciudadana permiten o auspician proyectos de ruptura. De forma que ha quedado consagrada la premisa de que ningún proyecto de cambio puede merecer el calificativo de mejora y avance si no propicia, como mínimo, el nivel de consenso social y político en que se cimentó el Estatuto de Gernika, y no procura avanzar por el cauce abierto entre 1978 y 1979, sin desentenderse de él o desbordarlo.

La gran lección que la democracia ha aprendido en la lucha contra ETA es que el abandono definitivo de las armas por parte de la banda terrorista será consecuencia de la debilidad en que se encuentre ésta. Un punto de vista desde el que 2005 ha podido resultar un año contradictorio. Al mismo tiempo que ETA y su entorno han continuado experimentando los efectos de la acción policial, judicial y legislativa que en los años anteriores habían contribuido a arrinconar a la banda, las especulaciones en torno a una supuesta vía de entendimiento entre ETA y el gobierno de Rodríguez Zapatero -alimentadas por el optimismo a corto plazo del que hizo gala el presidente- contribuyeron a conceder a ETA y a su entorno un protagonismo inusitado. Es de esperar que, en el año que ahora comienza, las instituciones competentes afronten, con el apoyo de las fuerzas democráticas y sin que éstas utilicen la lucha antiterrorista como tema de enfrentamiento partidario, la tarea primordial de conseguir el final de la violencia dejando claro en todo momento que ETA no recibirá nada a cambio de hacer aquello que la sociedad y la razón democrática le exigen: que desaparezca de una vez y para siempre.

El pasado año, con la obligada retirada del Plan Ibarretxe, se disiparon buena parte de los temores que apuntaban no sólo a una ruptura entre la autonomía vasca y la España constitucional, sino también a una quiebra de la convivencia en la pluralidad que caracteriza a Euskadi. El reto que ante sí tienen ahora los partidos y las instituciones es el de dotar al País Vasco de un clima político de entendimiento interno y de engarce constitucional para evitar que en cualquier momento regresemos a la zozobra vivida en los años anteriores. Es evidente que persisten actitudes proclives a un horizonte distinto al señalado; a un futuro diseñado para todos los vascos por parte únicamente de los nacionalistas. A un futuro en el que la existencia de una mayoría sociológica nacionalista se imponga sobre esa otra mayoría democrática y pluralista que da sentido al progreso y a la convivencia en cualquier sociedad. Es una meta que persiguen no sólo los más extremistas. También la quieren alcanzar importantes sectores del nacionalismo gobernante que rehúsan admitir las lecciones de 2005 y prefieren seguir esperando otra oportunidad para imprimir un giro soberanista desde las propias instituciones. Pero tal cuestión no puede dilucidarse en el seno de la familia nacionalista, como si fuera un tema privativo de ella, en torno a lo que le resulte más conveniente en cada momento al PNV. Exige el compromiso constante de cuantos en la política y en la sociedad aspiran a conocer un País Vasco próspero y estable en el que ya nadie más pueda albergar delirios de barbarie o quimeras de secesión.