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Miércoles, 4 de enero de 2006
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ECONOMÍA
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Las deficiencias de un sistema regido por mayorías políticas
Vocales del Tribunal de Defensa la Competencia, designados en tiempos del PP, que ahora han votado en contra de la OPA de Gas Natural sobre Endesa dieron vía libre con condiciones, en el año 2001, a la fusión de Endesa e Iberdrola, las dos grandes empresas eléctricas españolas.

El actual presidente del TDC, Luis Berenguer, ahora favorable a la concentración entre la compañía gasista y la primera eléctrica española, denunciaba por aquellas fechas en un artículo que «por presiones del Partido Popular» iba a salir adelante la autorización administrativa a la integración Endesa e Iberdrola, tras recordar que, pocos días antes, se había producido el nombramiento de Gonzalo Solana al frente del organismo de defensa de la competencia.

Actuaciones como éstas, o la clara alineación de votos que se ha producido -con alguna excepción- en la Comisión Nacional de la Energía, ponen de manifiesto las deficiencias de un sistema en el que las mayorías políticas se trasladan, con cierto desfase en el tiempo, a la composición de los organismos reguladores, a través de los nombramientos propuestos.

Programa electoral

El Partido Socialista incluyó en su programa electoral una reforma del sistema de defensa de la competencia que se concretó en un 'libro blanco' presentado ya hace casi un año. La última palabra en los procesos de concentración la tendría, según el contenido de ese documento, un nuevo Consejo de Defensa de la Competencia, y el Gobierno sólo podría vetar las operaciones con rigurosos criterios de defensa del «interés nacional». De esta reforma no se tienen noticias, por el momento.

Además, y pese al compromiso electoral del PSOE de modificar el sistema de nombramientos en las diferentes instituciones reguladoras, el relevo de los presidentes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), del Mercado de Valores (CNMV) , y del propio Tribunal de Defensa de la Competencia se ha producido, tras las elecciones generales del 14 de marzo de 2004 que le auparon al Gobierno, con los mismos mecanismos que utilizaba el PP, es decir la designación y su posterior comunicación al Parlamento.



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