Hace ya tiempo que el contencioso del Archivo de Salamanca dejó de ser una cuestión cultural y técnica para convertirse en un asunto de intereses políticos y pasiones desbordadas. De hecho, lo que en términos de justicia histórica hubiera sido una restitución normal acompañada de una solución razonable para garantizar la integridad del archivo, ahora ya no es sino una decisión política subjetiva y vinculada al enconado debate territorial de España. Fíjense, si no, que de no mediar el oportunismo político y la necesidad de ofrecer contraprestaciones a la estabilidad del Gobierno en Cataluña y España, el tema no hubiera sido tratado por el ejecutivo de Rodríguez Zapatero con la urgencia y la importancia que ahora tiene. De igual manera, si este asunto no coincidiera en el tiempo con una dura estrategia de oposición del Partido Popular o con la reforma del Estatuto de Cataluña, los responsables de la alcaldía de Salamanca y de la Junta de Castilla y León jamás se hubieran atrevido a pulsar de forma populista la fibra patriótica.

En todo caso, y más allá de la confusión política y pasional, hay varias cuestiones que parece evidentes. La primera se refiere a la lógica de una devolución fundada en razones históricas y jurídicas. La segunda alude a la existencia actual de medios tecnológicos que garantizan la unidad y la integridad del Archivo de Salamanca, lo cual debería de haber sido un atractivo adicional para compensar a Salamanca y dejar satisfechas a ambas partes. Finalmente, la tercera no es otra que la comprobación una vez más de que la cultura es algo demasiado serio como para dejarla en manos de los políticos.