2.650 alaveses con ingresos inferiores a 507 euros mensuales han solicitado las ayudas forales impulsadas por los grupos junteros del PNV y el PSE. La mayoría de las personas interesadas en lograr estos complementos de entre 100 y 600 euros vive en la capital alavesa, aunque la iniciativa también ha llamado la atención de medio millar de residentes en los pueblos, informaron ayer portavoces del Instituto de Bienestar Social, que gestionará las subvenciones.

El Gabinete Rabanera, que siempre se ha mostrado crítico con estas ayudas, desconoce cuánto tiempo tardará en resolverse cada expediente. Según el PP y EA -muy alejado de sus aliados peneuvistas en esta propuesta-, la última redacción de los requisitos que deben cumplir los demandantes hace «inaplicable» la norma foral que sustenta esta iniciativa. Ambas formaciones, respaldadas por los letrados forales, se ciñen al parráfo que establece que no podrán beneficiarse de las subvenciones quienes perciban rendimientos de actividades económicas, de capital inmobiliario o mobiliario por cualquier concepto. Eso aunque su importe no alcance el salario mínimo interprofesional fijado en 507 euros al mes en 2005.

En la práctica, defienden, esa condición excluye a quienes posean una cuenta corriente en un banco o caja y, por tanto, perciban intereses por pequeños que sean. Es decir, afecta, en su opinión, a cualquiera que cobre su pensión mediante una entidad financiera.

Esta situación ha vuelto a bloquear unos complementos que acumulan ya un año de discusiones. Sin embargo, el PP y el PSE, que negocian estos días los presupuestos forales, han anunciado que tratarán de llegar a un acuerdo para poner solución a este nuevo obstáculo. Así, estudian la fórmula para establecer cuál debe ser la cifra máxima que pueden tener en su cuenta corriente o libreta de ahorro los futuros beneficiarios.

1,6 millones

Los socialistas hablan de «interpretación» de la norma y el Gabinete Rabanera de «modificación». En cualquier caso, ambas partes creen que será necesario abrir un nuevo plazo para la presentación de nuevas solicitudes, que se sumarían a las ya registradas hasta el 31 de diciembre.

Si se concediera la ayuda máxima de 600 euros a esas 2.650 personas, la Diputación alavesa necesitaría 1,6 millones de euros. El PNV y el PSE reservaron un millón al aprobar la propuesta.