El Instituto Internacional de Prensa (IPI) consideró ayer en Viena que los poderes que tiene el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) para cerrar o multar a los medios de comunicación marcan un «retorno a las épocas pasadas de censura y represión». El IPI expresó su «profunda preocupación» por la reciente decisión de la Generalitat de dar al CAC el poder de sancionar con hasta 300.000 euros a todos aquellos medios que no divulguen informaciones veraces.

«El IPI considera que éste es un asunto muy grave, ya que marca un retorno a las épocas pasadas de censura contra los medios que pensábamos que nunca más iban a volver a la España democrática», aseguró su director, Johann P. Fritz. El CAC emitió un informe el pasado 21 de diciembre según el cual la cadena Cope violó la Constitución por «exceder los límites de libertad de expresión» y pidió al Gobierno catalán abrir procedimientos contra la emisora. «El CAC ha recibido de la mayoría parlamentaria poderes punitivos para silenciar voces críticas», escribe el IPI en una carta dirigida al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall.

«Libertad de expresión»

En este sentido, el parlamentario del PP en el Gobierno de Vitoria Carlos Urquijo presentó ayer una iniciativa para solicitar información a la consejera de Cultura, Miren Azkarate, sobre el futuro proyecto de Ley Vasca Audiovisual con el fin de saber si la norma se parecerá al modelo catalán.

Urquijo quiere conocer «el contenido del proyecto de Ley Audiovisual», para saber si en dicha norma está prevista la creación de un consejo similar al catalán, «que pueda controlar los medios de comunicación de nuestra comunidad, o si, por contra, se ha descartado imitar la ley catalana porque se considera desde el Ejecutivo vasco que vulnera la libertad de expresión y reinstaura la censura».