El concejal de Hacienda del Ayuntamiento vitoriano, Javier Maroto, anunció ayer que los 830.000 euros que el Consistorio debe devolver a los propietarios de unos terrenos de Júndiz por un error catastral «no supondrá ningún euro de pérdida económica para el Ayuntamiento».

Una sentencia judicial dictada en mayo de 2005 condenaba al Consistorio a devolver 830.000 euros cobrados a seis particulares. El ejecutivo municipal les expropió sus terrenos en 2004 para ampliar el polígono industrial, y les cobró después el impuesto de plusvalías, algo «contrario a derecho», según la sentencia.

Ayer, Maroto afirmó que el Ayuntamiento «volverá a girar ese impuesto, y lo haremos en función del valor de expropiación, como marca la normativa». Además, según él, ese valor es superior «al catastral, por lo que obtendremos más de lo previsto inicialmente».

Aunque en opinión del portavoz municipal de EA, Antxon Belakortu, esta decisión «podría ser recurrida de nuevo por los propietarios», Maroto aseguró que la «normativa prevé esta alternativa».