Las negociaciones en torno al Estatut han acabado revelando las diferencias existentes entre las cuatro fuerzas catalanas que lo respaldan. Es la distinción entre el obligado optimismo de las formaciones del tripartito y el escepticismo preventivo de CiU. Hasta ayer mismo parecía algo sutil, pero ya ha quedado consagrada con la disposición de Mas a retirar el proyecto de las Cortes y la insistencia de los socios de la Generalitat en que «no es momento de amenazar sino de negociar». El postpujolismo se está haciendo valer no sólo porque sin su concurso sería impensable un acuerdo mayoritario en el seno de la Comisión Constitucional. Se está haciendo valer porque la auténtica sorpresa postelectoral en Catalunya es que, desalojada de la Generalitat, CiU no se ha desmoronado. Todo lo contrario.

El tacticismo es una práctica imputable tanto al tripartito como a los convergentes. De igual forma que la siembra de optimismo -«al final habrá Estatut»- es el único recurso que les queda a PSC, ERC e IC para contribuir al final feliz de su comprometida apuesta, la advertencia de que podría retirarse abona el terreno para que acabe siendo así. El posibilismo que viene mostrando ERC, a la vista de su propia trayectoria, sólo podría explicarse porque su futuro depende de la continuidad del tripartito. Mientras que CiU no siente ninguna necesidad de disimular que en torno al Estatut se juega su regreso al gobierno de la Generalitat.

La situación está revelando lo que parecía evidente desde un principio: la pretensión de alcanzar un acuerdo político suficiente en torno a un nuevo Estatut plenamente constitucional supone la cuadratura del círculo. Tanto política como aritméticamente, Rodríguez Zapatero necesita a las cuatro fuerzas catalanas para sacar adelante -lo que pueda- en las Cortes Generales. Un eventual descuelgue de CiU no podría ser paliado con el apoyo de otras fuerzas parlamentarias. Ni el resto de los nacionalismos -PNV, EA, BNG o Nafarroa Bai- se implicaría en sustituir al grupo de Mas a favor de algo que los convergentes no admitan, ni el eventual apoyo de IU o de Labordeta sería suficiente carta de presentación para Catalunya.

Es ahí donde se halla el problema y donde comienza a sentirse el vértigo. A la vista de las diferencias que mantienen el PSOE y las fuerzas catalanas, el acuerdo posible contentaría tan poco a las partes que éstas afrontarían con inevitable desgana el trámite crucial del referéndum en Catalunya. Claro que el nuevo Estatut sería aprobado. Pero resulta imposible que pudiera alcanzar ni el 88,70% de participación que en 1979 obtuvo el ahora vigente ni el 59,77% de votos favorables en que se sostuvo éste. Es cierto que con el paso del tiempo el Estatuto del 79 ha acabado siendo, en Catalunya como en Euskadi, de todos y de nadie. Pero sería terrible que su eventual modificación comience siendo de nadie sin ser nunca de todos.