Las partidas finales de la negociación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña están ya disputándose y pese a que todavía se mantienen serias diferencias sobre algunas de las cuestiones cruciales -diversos aspectos de la financiación o la utilización del término 'nación' en el preámbulo o en el articulado-, la sensación más extendida que se desprende de la situación es que el acuerdo entre el partido del Gobierno y sus socios se conseguirá; aunque sea porque a estas alturas parece muy difícil que ninguno de los promotores de la reforma se atreva a frustrar el nuevo Estatuto.

El Gobierno se ha mostrado riguroso para evitar que los límites no sean traspasados y ello aleja la incertidumbre de que la radical propuesta inicial aprobada en el Parlamento de Cataluña pudiese desembocar en una reforma constitucional encubierta. Como es evidente, en un Estado social de Derecho como el español no existe la posibilidad de tal pirueta ya que una ley que no se ajusta a la Constitución es, simplemente, nula. Así las cosas, una vez que cobra cuerpo la posibilidad de un Estatuto consensuado, el PP -que participó en los trabajos de elaboración de la propuesta catalana, aunque votó finalmente en contra al sostener tesis, por cierto, muy semejantes a las del Gobierno del Estado-, se ha ido acomodando pragmáticamente a la nueva situación. Los populares han presentado enmiendas al texto y el propio Mariano Rajoy ha manifestado recientemente que defenderá en persona la posición de su partido en el trámite de ponencia en el seno de la Comisión Constitucional; lo que apunta a que la estrategia más centrada de Piqué está imponiéndose frente a otros sectores que preferirían el desmarque total de su partido. Y llegados a este punto, da la impresión de que la clave de la reforma del conjunto del Estado de las Autonomías estriba en la consecución de un modelo general de financiación que satisfaga al tiempo a las comunidades más prósperas y a las más atrasadas, y que debería servir de referencia para futuras actualizaciones. Está claro que PP y PSOE están llamados a convenir en última instancia las nuevas dimensiones y características de un terreno de juego autonómico que no sólo habrá de preservar las reformas de las futuras alternancias en el Gobierno sino también, y sobre todo, mantener la práctica del consenso en las grandes cuestiones de Estado.