La controvertida ley sobre 'la igualdad de oportunidades', respuesta del Gobierno conservador francés a la crisis que azotó a los barrios conflictivos del país el pasado otoño, ha comenzado a dar sus primeros pasos. El proyecto de la norma, que introduce la formación profesional desde los 14 años y la firma de un contrato desde los 15, fue aprobado ayer en Consejo de Ministros. Asimismo, esta legislación incluye medidas para fomentar el empleo de los jóvenes de zonas urbanas marginales, y estrena el «contrato de responsabilidad parental».

Esta medida para combatir el absentismo escolar prevé embargar las ayudas familiares hasta que se regularice la situación. Y con el fin de desterrar las discriminaciones, habrá verificaciones por sorpresa en empresas, discotecas o agencias inmobiliarias.

La introducción de los currículum vitae anónimos responde a la misma lógica, al igual que la facultad de la Alta Autoridad de lucha contra las discriminaciones (Halde) para imponer multas de hasta 25.000 euros a empresas y de 5.000 a personas por marginación.

Tras señalar que el proyecto completa «esfuerzos ya realizados en la batalla por el empleo, el plan de cohesión social y la renovación urbana», el presidente, Jacques Chirac, dijo que ahora todo es cuestión de aplicación y pidió «eficacia y cambios concretos». «Cuando la República avanza, ceden terreno los extremismos, los comunitarismos y el repliegue», destacó ante el Consejo de Ministros, según el portavoz del Gobierno.

El texto recoge medidas anunciadas por el jefe del Ejecutivo, Dominique de Villepin, tras la ola de violencia que sacudió decenas de barrios durante tres semanas el pasado otoño y que llevó a que se decretara el estado de emergencia hasta el pasado día 4. Precisamente, los lugares en los que estalló la revuelta concentran un gran número de personas procedentes de la inmigración, así como un alto índice de paro y delincuencia -la tasa de desempleo alcanzó en estas zonas en 2004 el 36% para los varones, y el 40% para las muchachas-.

Se crearán, asimismo, quince zonas francas urbanas adicionales y se ampliarán varias de las existentes, en las que las empresas se benefician de reducciones de cotizaciones sociales y fiscales, pero el 30% de su personal debe proceder de estos barrios conflictivos.

Se trata de hacer de la igualdad de oportunidades «una realidad para todos», «uno de los únicos grandes combates que merecen librarse», dijo el ministro de Empleo y Cohesión social, Jean-Louis Borloo, tras presentar el proyecto ante el Consejo de Ministros. Aún así, reconoció que «no será fácil. No se hacen mutaciones como ésta en unos meses o semanas», pero es crucial, porque ahora uno de cada seis franceses que nacen procede de los barrios conflictivos.

«Una nueva Francia»

El responsable de Promoción de Igualdad de Oportunidades, Azouz Begag, fue aún más allá al asegurar que «estamos construyendo una nueva Francia», y llamó a los dirigentes de los partidos políticos a abrirse más a personas procedentes de la inmigración.

Pero la nueva norma está lejos de conseguir un apoyo unánime. Asociaciones de derechos humanos critican el proyecto de ley, denunciado también por los trabajadores de tres organismos que serán reagrupados en el seno de la futura Agencia Nacional para la Cohesión Social, que dependerá del Ministerio del Interior.

Además, la introducción de la formación profesional desde los 14 años ha suscitado fuertes críticas de docentes y sindicatos, amén de la oposición de izquierdas, a las que el Gobierno replica que será voluntario y los jóvenes podrán volver al colegio en todo momento. La enseñanza en Francia es obligatoria hasta los 16 años.