Los vecinos de la calle José Erbina ya tienen un argumento más para exigir el derribo de la cafetería del paseo de Renfe, contra la que pelean en los tribunales desde hace casi seis años. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento en un auto al que ha tenido acceso EL CORREO y ha ratificado, a renglón seguido, la sentencia del Tribunal de Justicia del País Vasco favorable a los residentes. En este auto, de septiembre de 2003, los jueces ordenaban el derribo parcial de la cafetería por invadir terrenos de Renfe donde está prohibida la edificación.

En su reciente fallo, el Supremo ni siquiera ha tenido que abordar el fondo del asunto. Ha rechazado por «estar defectuosamente preparado» el recurso con el que el Ayuntamiento trataba de evitar la demolición ordenada por los jueces del Superior de Justicia del País Vasco. Ya no queda más posibilidad de recurso. Todas las vías legales están agotadas y, con el último auto en la mano, los vecinos lo tienen claro. «Vamos a exigir formalmente que se dé cumplimiento inmediato a la sentencia de 2003 y se derribe la cafetería», explicó ayer su abogado.

El edificio, además de despertar desde el inicio las iras de los residentes por quitar luz, vistas y soleamiento a sus viviendas, arrastra un gafe incuestionable. Fue anunciado por el Gabinete Alonso como una «cafetería y restaurante de diseño». Las obras de construcción se paralizaron durante meses por los jueces y después, la empresa quebró y el retraso se prolongó aún más. Una vez acabado, el Consistorio no encontró a ningún hostelero dispuesto a hacerse cargo del local, ni a precio de 'ganga'. Finalmente, tuvo que tapiar el complejo, porque se había convertido en un lugar de pernoctación para indigentes.

Dominio público

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia ordenaba que se derribara la zona del edificio que invade el área de dominio público propiedad de Renfe, donde la edificación de este tipo de inmuebles está prohibida. «Afecta a una franja de unos 80 centímetros, lo que viene a ser la totalidad del muro posterior del inmueble», explica el letrado. «Es un muro portante, así que sin él, el edificio se vendría abajo», agregó.

De forma paralela al proceso judicial contra la cafetería, el Ayuntamiento ha seguido un trámite administrativo para reducir la zona de dominio público en ese punto concreto y 'salvar' un porcentaje mayor del inmueble. Tras un procedimiento declarado nulo en 2004, el Consistorio ha logrado esa reducción. «Pero no es suficiente para evitar la demolición del muro», informó el representante legal de los residentes.