El Tribunal Vasco de Cuentas censura a la Diputación alavesa por haber confeccionado mal las declaraciones de la renta de su plantilla en 2003. En el informe que fiscaliza las cuentas forales de ese ejercicio, el órgano contable reclama al Ejecutivo foral que debe incluir en las nóminas de sus empleados como retribuciones en especie los pagos de las primas de seguro de vida e invalidez que realiza. La institución aporta por este concepto unos siete euros mensuales por persona de los que se benefician la mayoría de sus 800 funcionarios en plantilla (no están incluidos los trabajadores del Instituo de Bienestar Social). Es decir, se trata de un total de unos 70.000 euros al año, informaron ayer portavoces de Hacienda.

Esta es una de las 85 deficiencias encontradas por el Tribunal de Cuentas a las inversiones, contrataciones, gestión de personal, subvenciones o convenios forales de 2003 fiscalizados. Un ejercicio marcado por las elecciones municipales en el que en general la Admimistración alavesa «cumplió la legalidad», según el organismo.

Álava alegó que el ingreso por los seguros tiene el mismo tratamiento que un plan de previsión social o de pensiones, pero el Tribunal lo desestimó. Tendrá que corregir este error, de la misma manera que el que cometió al excluir también de la declaración del IRPF las indemnizaciones pagadas en 2003 a los altos cargos por su cese -habitual cuando cambia un gobierno- y que ascendieron a 49.000 euros.

Agencia Ejecutiva

El órgano fiscalizador critica, asimismo, que la Diputación volviese a prorrogar por quinta vez el contrato para prestar el servicio de la Agencia Ejecutiva y eludir así el concurso público. La misma empresa desarrolla esta labor desde 1990. El Tribunal cree que ya se han superado los plazos, mientras que la Diputación aduce que el ocntrato puede durar 25 años.

Un año más, los auditores han estudiado con detenimiento las subvenciones directas concedidas por la Diputación alavesa. En cinco ocasiones, dicen, no se ha justificado que fuese imposible abrir un concurso público para que concurriesen otras asociaciones. En concreto, se refieren a las ayudas al plan de rehabilitación de la Barbacana, en Laguardia; a la pavimentación de la plaza del museo etnográfico de Pipaón; a la construcción de un local joven en Armiñón; y a fondos para la Fundación Leia y la empresa Euve.

El Tribunal también se ha detenido a estudiar las contrataciones realizadas por las sociedades forales Álava Agencia de Desarrolo, Arabarri, Naturgolf, el Centro de Cálculo, Arabako Lanak o la Agencia del Agua. Ha revisado medio centenar de expedientes y se ha encontrado con 62 deficiencias que afectan a la concurrencia, a los criterios para puntuar las ofertas o a fallos de certificaciones de obras. Una de las anomalías en la que más incurren estas sociedades es en la de no incluir en sus presupuestos los compromisos adquiridos o en la de no documentar bien sus procesos de selección de personal.