Cuando se ponen en marcha politicas de orden social, con lo que eso conlleva de desorden burocrático, suelen surgir problemas que nadie sabe muy bien dónde tienen su causa. Por lo general se trata de marañas burocráticas difíciles de desentrañar, sobre todo si se trata de prestaciones económicas: a veces no se sabe si lo que se está haciendo se está haciendo bien o se trata de una improvisación continua. De lo que se trata, por lo tanto, es de buscar la máxima coherencia posible en esas políticas sociales.

Y ello supone no complicar las cosas, tener las ideas diáfanas y evitar al máximo las lagunas reglamentarias. Y si se trata de asuntos relacionados con la vivienda o con las a menudo más que precarias necesidades sociales, la cuestión ha de considerarse de primera urgencia. Se trataría de evitar la confusión burocrática, insisto, ese mal endémico de la Administración que convierte en un lío absurdo todo lo que toca y lo que no toca también.

Todo tendría cierto arreglo, cierto, sólo cierto, no nos pongamos estupendos, con un esfuerzo de coherencia institucional y de planificación efectiva. No estoy hablando de milagros, aunque a veces lo parezcan, sino de la aplicación minuciosa del sentido común. Sé que eso es incompatible con los vicios burocráticos, pero alguna vez habrá que intentarlo. E insisto sin ningún temor a resultar reiterativo que en los asuntos que nos ocupan, los que se refieren a la protección social, no se puede bajar la guardia. Se baja la guardia y luego se encuentra en el subsuelo.

Una vez dicho esto, convendría prestar atención a la habitual confusión entre pericia burocrática y justicia. Lo importante es mejorar la atención a los ciudadanos y dejar lo demás para otro momento. Si se puede, naturalmente. A veces es más difícil trazar fronteras que abolirlas. La clave la tienen las administraciones. Si es que se ponen al teléfono.