Sólo tenía 14 años y no pudo reprimir las lágrimas al verse sorprendida fumando un porro a la entrada de un garaje a menos de cien metros de la puerta de su céntrico colegio. «Por favor, no se lo digáis a mis padres», suplicaba a los agentes de la Policía Municipal que le tomaron los datos y se incautaron de los restos de hachís. Eran cuatro, dos chicas y dos chicos, todos nacidos en el 91. Uno de ellos es asmático y en su mano llevaba el aerosol broncodilatador. «¿Pero, en qué cabeza cabe?», le espetó un agente. «Asmático y fumador». «Es que queríamos probar», le respondió el chico.

«Es la primera vez», decía otra de las menores, completamente avergonzada. «No lo volveremos a hacer», repetía. Los policías, vestidos de paisano, les recordaron que fumar drogas en la vía pública es ilícito y que inmediatamente se abre un expediente administrativo que puede suponer unos 300 euros de sanción, además de enviar el parte a sus progenitores, que posiblemente ignoran algunas costumbres de sus hijos. Pero es eficaz. A los chicos no les importa la multa, sino la reacción de sus padres. «Es que en casa me matan», balbuceaba una de las adolescentes.

Esta escena no es ficción. No hay nombres porque son menores de edad. Ocurrió el pasado jueves, casualmente día de san Canuto, en las cercanías de un centro escolar de la capital alavesa. El consumo y la venta de drogas, especialmente hachís, en las puertas y los patios de los colegios vitorianos es una triste realidad. Sólo en 2005, la Policía Municipal abrió 189 expedientes sancionadores individuales a jóvenes de entre 13 y 24 años; multó a 6 establecimientos públicos por tráfico y tolerancia y los cerró entre 2 y 3 meses; detuvo a 25 personas; y se incautó de 30 kilos de hachís y de 26.000 euros. El aumento de expedientes fue de un 67% sobre el año anterior (112), un dato que avala la dimensión del problema y la decisión municipal de intervenir en este campo.

La Policía intimida

«Vamos por el tercer año y se empieza a notar que los chicos tienen más miedo de fumar en la calle. La presencia policial, tanto uniformada como de paisano, intimida. Muchos directores de colegios nos agradecen esta labor preventiva y a veces hemos actuado incluso en los patios a petición del centro. No nos importa tanto la sanción como que los escolares tengan claro que lo que hacían tiene consecuencias malas para ellos y para sus padres», explica el portavoz de la Policía Local, José Antonio Ferreiro.

Involucrar a los padres en la solución de este problema es uno de los soportes imprescindibles de la campaña. Las familias son informadas a través de una misiva cuando los estudiantes que fuman o trafican son menores. La carta es también una solicitud de colaboración y un anuncio de los recursos que se ponen a su disposición como apoyo a través del Departamento Municipal de Salud y Consumo. Hay involucrados dos unidades, Policía de Barrio e Investigación y Protección Social, con 69 agentes en total, recuerda Ferreiro.

En la calle, los agentes ya han establecido una ley universal. «No es cuestión de colegios, sino de edades. Y no se libra ninguno, ni concertados, religiosos, privados o públicos. El problema no va por capas sociales. Incide en todos», precisan los jóvenes policías que patrullan alrededor de los colegios en recreos, entradas y salidas.

«¿Ah, pero fumar porros es un delito!», es la reacción más general cuando son cogidos 'in fraganti', como si fuera lo más natural del mundo. «Hace 4 ó 5 meses no dábamos abasto de los grupillos de fumadores que había. Ahora se ven menos», subrayan los agentes.

Nuevo consumo

Los nuevos patrones de consumo de los adolescentes -desde la incidencia mayoritaria del alcohol entre los 14 y los 18 años hasta la llegada del speed o el éxtasis- han encendido todas las alarmas en las asociaciones que llevan años luchando contra las drogas. En Proyecto Hombre de Vitoria, una fundación con más de 18 años de experiencia, existe un programa específico para la prevención en adolescentes. Se llama Hazgarri. En 2005, un centenar de jóvenes entre 14 y 21 años y 123 familias fueron atendidas por problemas de inicio en la drogodependencia.

Los padres acuden con la siguiente presentación: «Tengo un problema con mi hijo. La relación es muy tensa. No hay comunicación y ha empezado a robarme dinero. Cuando oímos esta exposición sabemos que hay un posible caso de dependencia», explica Gorka Ugarte, el director del programa que ya ha cumplido 11 años.

Ugarte, psicólogo de profesión, sostiene que el problema afecta a muchas familias de todas las clases sociales y no necesariamente marginales ni desestructuradas. «Lo que ocurre es que muchos padres no quieren ver, no se enteran o ellos mismos son consumidores. Calculamos que hay un 30% de los chicos de 13 a 15 años que empiezan a probar. Sabemos que no todos van a ser dependientes o problemáticos. Lo más grave no es tanto la droga sino cómo esta altera la vida y todo el entorno del joven. La solución está en la propia persona», explica el experto.

Ugarte, partidario de una mayor implicación de todos los educadores, cree que gran responsabilidad de lo que ocurre bascula sobre las propias familias. Algunos comportamientos de chicos afectados y las propias terapias muestran que los padres no reaccionan hasta que están desbordados. Un día se dan cuenta de que mandan los hijos. «El angelito de 15 años superprotegido es el que marca las pautas y los padres tienen miedo a las denuncias y al conflicto. En este caso, la droga, el porro, no es más que el síntoma de un problema mucho más grave. No tienen límites. Ni son conscientes del riesgo que corre su vida. Sólo un 40% lo deja para siempre», concluye.