El presidente del Santander, Emilio Botín , y su 'número dos', Alfredo Sáenz, son investigados por la Justicia, junto a otra docena de personas por la supuesta apropiación indebida de 6 millones de euros y otros cuatro delitos: administración desleal, falsedad en documento mercantil, negativa a socio del derecho de información y cohecho. Los hechos a aclarar se refieren a la compra, el 16 de marzo de 1999, del 45,3% de las acciones de la compañía Aguas de Fuensanta por parte de Banesto, en pleno proceso de desinversiones industriales en el banco.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid admitió a trámite el martes pasado la querella. Los denunciantes sostienen que Sáenz -que entonces dirigía Banesto y éste ya pertenecía al grupo Santander- y los demás consejeros autorizaron una operación «perniciosa» para los intereses de los accionistas del banco, ya que se valoró en casi 12,3 millones de euros una sociedad (Fuensanta) con una deuda de 9,4 millones, frente a unos fondos propios de 'sólo' 6,9 millones, y que además tenía pendiente con Banesto un crédito de otros 3 millones.