Sólo 18 mujeres frente a 506 hombres. Éste es el descompensado balance que arroja el análisis de la presencia femenina en los consejos de administración de las grandes empresas españolas, aglutinadas en el índice bursátil Ibex-35. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se ha propuesto cambiar esta situación con la inclusión, en el código de buen gobierno que está preparando, de recomendaciones para que las compañías cotizadas aumenten el número mujeres en los órganos de gobierno.

La autoridad bursátil no ha querido ser demasiado 'ambiciosa' en su primera aproximación a este problema y se ha cuidado de imponer una cuota femenina obligatoria. Por ahora se conforma con una recomendación en la que establece que «cuando sea escaso o nulo el número de consejeras, el consejo deberá explicar los motivos y las iniciativas adoptadas para corregir tal situación». También exige que, cuando existan vacantes, se garantice que la empresa «incluya, entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado».

El informe para el buen gobierno de las empresas presentado esta semana por el presidente de la CNMV, Manuel Conthe, todavía debe ser sometido a debate y no habrá un texto definitivo hasta marzo. No obstante, es seguro que no se va a seguir, por ahora, el drástico ejemplo de Noruega, que cuenta con una ley que exige a las compañías cotizadas tener un 40% de mujeres en el consejo y les da un plazo de dos años para cumplirla. El país nórdico llegó a esta radical medida después del fracaso cosechado con métodos más suaves: en el plazo concedido para que voluntariamente se alcanzara este objetivo, sólo el 13,1% de las sociedades afectadas lo cumplía.

En España, además, son muchas las mujeres ejecutivas que rechazan el sistema de las cuotas y consideran que la solución a la escasa presencia femenina en los puestos directivos pasa por introducir medidas que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral. Como señalaba recientemente María Teresa Fernández de la Vega, la primera vicepresidenta del Gobierno, el problema radica en que «para las empresas, el hecho de que un hombre tenga familia es sinónimo de estabilidad, y en el caso de las mujeres, supone una carga». Apuntaba en este sentido María Asun Belamendia, al presentar un estudio sobre este asunto de la Cámara de Comercio de Bilbao de la que es vocal, que «muchas veces son las propias mujeres las que frenan su carrera en la compañía ante la falta de medidas conciliadoras».

Y las condiciones laborales que hay en España no son las idóneas para conciliar la vida personal con el trabajo. Basta recordar que, según un reciente estudio del IESE, este país tiene una de las jornadas laborales más largas de la UE -dos horas superior a la media de los Quince-, aunque está a la cola en productividad.

Del 40% al 3,4%

El caso es que, hoy en día, hay tantos mujeres como hombres en las universidades y éstas cubren el 40% de los puestos de trabajo en España -aunque sigue habiendo diferencias salariales-. Pero al subir en la pirámide jerárquica de las empresas, la presencia femenina se va reduciendo hasta llegar a ese 3,4% de los consejos de administración, que son un coto de hombres.

Ese porcentaje es incluso 'benévolo' porque dentro de esa lista de 18 mujeres que se sientan en los consejos de las empresas del Ibex hay nombres repetidos. Es el caso de Ana Patricia Botín, hija del presidente del Santander, que es consejera de esta entidad financiera y también presidenta de Banesto. Lo mismo ocurre con Isabel Polanco, que ocupa un 'sillón' en el primero de los bancos citados y otro en el grupo de comunicación Prisa.

Además de la presencia de mujeres en los consejos de administración, la CNMV aborda en el código para el buen gobierno otros asuntos como la conveniencia de reforzar el papel de los consejeros 'independientes'. Pide, por ejemplo, que el vicepresidente primero tenga esta categoría, un requisito que en la actualidad cumplen muy pocas de las empresas cotizadas.

Asimismo, los consejeros 'independientes' deberán representar más del 33% del órgano de gobierno, que deberá tener entre 7 y 15 miembros. Los 'ejecutivos', vinculados a la dirección, serán el «mínimo imprescindible», mientras los externos «una amplia mayoría».