La sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acordó este jueves, «por unanimidad de los cinco magistrados», levantar la medida «cautelarísima» que retenía en una cámara acorazada del Ministerio de Cultura las 500 cajas de legajos del Archivo de Salamanca reclamados por la Generalitat. Esta decisión da vía libre para que los papeles viajen a Cataluña cuando el Gobierno central y el de la Generalitat lo consideren oportuno. La fecha tope, por ley, está fijada en el 18 de febrero.

Los magistrados sólo han levantado las medidas cautelares. Otro asunto -el de fondo- , en el que el Ayuntamiento de Salamanca solicita que se devuelvan al Archivo General de la Guerra Civil decenas de documentos por considerar que no pertenecen a la Generalitat, no se resolverá antes de seis meses. El consistorio exige que se revisen «uno a uno todos los documentos» y que se haga una copia certificada de ellos.

Si finalmente la Audiencia Nacional fallase a favor del Ayuntamiento, la Generalitat estaría «obligada» a devolver los papeles al archivo con el fin de que se procediese a su inspección y a la copia certificada. Al mismo tiempo, el Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolución el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Castilla y León contra la propia Ley de Restitución. Esta instancia podría tardar más de un año en pronunciarse.

La ministra de Cultura, Carmen Calvo, dijo ayer que se sentía «tranquila y satisfecha», pues «ha funcionado el sistema democrático con su división de poderes». La titular del departamento calificó de «impecable» el trabajo de la Abogacía del Estado. «Lo importante es que se ha solucionado una cuestión de hace 30 años de un modo transparente», subrayó la ministra, quien no fijó la fecha definitiva del traslado. «Tenemos de plazo hasta el 18 de febrero, pero el día no importa, es un aspecto secundario».

Carmen Calvo confirmó, por otra parte, que en el Archivo de Salamanca fueron dejadas un total de siete cajas con documentos que no correspondían a la Generalitat catalana. Aseguró no arrepentirse de llevar los papeles a Madrid y no directamente a Barcelona. «Los papeles se podían haber inmovilizado de la misma manera en cualquier parte del camino o con cualquier otra fórmula».

Defensa numantina

En la resolución de este jueves, la Audiencia Nacional entiende que el recurso presentado por el consistorio de la ciudad del Tormes «no pierde su finalidad legítima», pues considera que la Administración catalana «se subroga en los derechos y obligaciones del Estado en cuanto a la custodia y protección» de los documentos. De esta forma, la Generalitat «estaría obligada a su devolución en el supuesto de una hipotética sentencia estimatoria». En su auto, la Audiencia aclara que, si bien la resolución permite el traslado de los papeles, esta decisión es independiente de la que «se adopte sobre el fondo del asunto».

Contra la resolución de los cinco magistrados cabe un recurso de casación -por vía ordinaria- ante el Tribunal Supremo. En cualquier caso, el alto tribunal no tiene competencia para impedir la salida de los legajos a Cataluña. El ayuntamiento Salmantino, de momento, agotará los cinco días que le concede la ley para decidir si presenta un recurso de suplica ante la Audiencia Nacional.

El consistorio -por voz de su alcalde, el popular Julián Lanzarote- dice que no se rinde. Se aferra al dictamen que la Audiencia Nacional fallará en los próximos meses sobre el «fondo del asunto».

El tribunal de la sección séptima de la Audiencia Nacionsal ha estado presidido por el magistrado madrileño José López-Muñiz, y por los también magistrados Begoña Fernández Dozagarat, Jaime Alberto Santos, María Dolores Alba Romero y Ana Isabel Reza Gómez.