Las dos bombas que ETA hizo explotar ayer en Murgia (Álava) y Balmaseda (Vizcaya) evidencian, una vez más, la realidad de la banda terrorista y sus fundamentos criminales. Dos atentados, sin aviso previo, hechos para amedrentar y reafirmar su poder de destrucción; la única manera que tiene de hacerse presente en una sociedad que masivamente rechaza su violencia, y de seguir chantajeándola y extorsionándola. ETA, con sus bombas, fija con claridad el contexto sobre el que actúa: una comunidad plural sacudida por la violencia, con una parte notable de sus habitantes amenazados o perseguidos por motivos ideológicos o funcionales y con una acción política condicionada por el terror. La normalidad ciudadana y el ejercicio pleno del Estado de Derecho son sus grandes enemigos; y de ahí su afán por sembrar el caos, por probar la firmeza democrática, por fraccionar y enfrentar a la sociedad y por poner precio a la paz. Y ante este peligro no hay mejor e incuestionable factor de cordura que las víctimas.

Es evidente que las víctimas, su memoria y su reparación, deben ser un referente permanente. Y eso incluye tanto la justicia penal como la asunción por parte de la sociedad de que su dolor y su pérdida no han sido en vano y que su recuerdo tendrá un lugar preferente. Pero también ha de serlo que el terrorismo jamás encontrará explicación y que los verdugos no podrán situarse nunca al mismo nivel moral que sus víctimas. Ayer, en Azkoitia, se trataron mociones que abordaban una circunstancia que pone a prueba esta convicción: dos condenados por terrorismo, cumplida su estancia en prisión, vuelven a integrarse en la sociedad, donde conviven con sus víctimas, y encuentran el apoyo de un cierto número de convecinos ante la acción de la justicia, que investiga su capacidad económica para hacer frente a sus responsabilidades penales. Un caso, con tendencia a generalizarse, que merece dos consideraciones, una procesal y otra ética. En situaciones de conflicto como ésta no hay otra salida que la aplicación estricta de la ley. La justicia debe actuar en su independencia y determinar el cumplimiento riguroso de las penas, tanto de privación de libertad como económicas, determinadas en la sentencia. Y ello de ninguna manera va en detrimento del derecho a la reinserción del penado. Pero además, la plena rehabilitación social, el paso hacia lo que prematuramente se empieza a llamar reconciliación, exige unos requisitos que, por desgracia, siguen sin cumplirse. Si no existe un proceso de asunción de culpa y arrepentimiento por parte del verdugo, si no hay una petición expresa de perdón hacia la víctima, cualquier reparación es imposible. Sólo desde el resarcimiento moral se podrá construir una verdadera conciliación. Y mientras ese paso no se dé, la mejor manera de honrar a las víctimas es sacándolas del juego político y no mezclándolas con quienes han sido la causa de su dolor, ni siquiera en pronunciamientos solidarios. Ya se encargan ETA, con sus bombas y chantajes, y su entorno implacable de que la herida no cicatrice.