La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha comenzado a revisar las causas de miembros de ETA que han salido de prisión y no indemnizaron a sus víctimas por declararse insolventes. Este análisis pretende determinar si disponen de algún bien en propiedad que pudiera serles embargado, según informaron ayer fuentes fiscales.

Antes de tomar cualquier decisión judicial, la Fiscalía está a la espera de ver en qué concluye el procedimiento iniciado contra Kandido Azpiazu e Iñaki Zuazolazigorraga, asesinos del concejal de UCD Ramón Baglietto, para embargar los bienes de ambos ex etarras, condenados a 49 años y excarcelados tras ver reducidas sus penas por buen comportamiento y estudios. Azpiazu regenta ahora una cristalería bajo el domicilio de la viuda, la edil del PP Pilar Elías, mientras que Zuazolazigorraga posee un restaurante en Tolosa.

Asesinado en Igorre

Por otra parte, la Sección Segunda de lo Penal pidió ayer informe al fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota sobre la petición de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) de embargar los bienes de Juan José Larrinaga Echevarría para cubrir la indemnización de 60.000 euros que se le impuso por el asesinato en nombre de ETA del taxista Lisardo Sampil el 30 de diciembre de 1978 en Igorre, Vizcaya.

La petición de la AVT explica que los herederos de Sampil fueron resarcidos económicamente con cargo a la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, y añade que Larrinaga es propietario de una cuarta parte de un piso en Amorebieta, según una nota del Registro de la Propiedad de Durango, en la que aparecen también como titulares varios familiares suyos.