El presidente del PP puso ayer en marcha desde Cádiz la campaña de recogida de firmas para solicitar un referéndum sobre el Estatuto catalán y calificó su iniciativa de «democráticamente irreprochable». Mariano Rajoy aseguró que esta movilización no va «contra nadie, ni contra ninguna comunidad autónoma», sino contra «los políticos que han actuado de manera irresponsable, rompiendo un consenso y dejando fuera al PP, partido que representa a diez millones de españoles».

Antes de participar en un mitin en la localidad sevillana de Dos Hermanas, Rajoy estampó su rúbrica en una mesa instalada en la Plaza de las Flores de Cádiz. El presidente del PP sostuvo que, en cuatro días, ya han recibido 242.000 apoyos a través de Internet. «¿Qué quieren?, ¿que me calle y aplauda a Rodríguez Zapatero o que haga un acto de fe y diga que el acuerdo con CiU es bueno?», preguntó como réplica a quienes han criticado su campaña.

En el mismo tono, reivindicó su derecho a recoger firmas «donde me dé la gana» para que los ciudadanos «españoles opinen si lo que hay está bien o mal». Rajoy defendió que la decisión sobre lo que es España se pacte «entre todos los españoles y entre los grandes partidos nacionales».

El dirigente popular justificó su iniciativa por la forma en que se han llevado las negociaciones del Gobierno con los partidos nacionalistas, «poco transparente, opaca, sin dejar que la gente pueda decir lo que piensa». Así, tildó de «intolerable» que Artur Mas y Zapatero hayan pactado «un tema tan importante» como la financiación autonómica.

El líder de la oposición analizó también la situación del tripartito catalán después de que, según afirmó, el presidente del Gobierno haya «ninguneado» a Maragall y a sus socios al pactar con CiU. Todo ello, le llevó a ironizar que, con su comportamiento, el jefe del Ejecutivo ha dado toda «una muestra de seriedad, palabra dada y coherencia política».

Defensa del castellano

En su ofensiva contra la reforma catalana, el PP denunciará en el Congreso las «atrocidades» que, a su juicio, cometen las autoridades catalanas contra aquéllos que hablan castellano. El portavoz del grupo popular, Eduardo Zaplana, anunció en Madrid que el próximo martes defenderá en el pleno una iniciativa contra la discriminación por razones de lengua. A su juicio, se está impidiendo a ciudadanos españoles «expresarse en la lengua oficial de su propio país».

El portavoz del PSOE en la Cámara baja, Alfredo Pérez Rubalcaba, reprochó a los populares que propicien un enfrentamiento social con argumentos falsos. Recordó, además, que el PP (entonces Alianza Popular) ya pretendió a mediados de los ochenta que una ley recogiera el «deber» de conocer el gallego en Galicia; lo mismo que ahora encuentra aberrante en Cataluña.