«Apuesta por la continuidad». Ésta es la respuesta de los representantes de la Cámara de la Propiedad Urbana de Álava al decreto del Gobierno vasco que fija el cierre de las tres entidades vascas. La clausura, anunciada hace más de un año por el Ejecutivo autónomo, fue aprobada el martes y entrará en vigor un día después de su publicación en el Boletín Oficial de Euskadi.

El Gabinete Ibarretxe -a propuesta del consejero de Vivienda, Javier Madrazo,- ha adoptado esta decisión después de doce años de indefinición. Fue en 1994 cuando el Gobierno central suprimió el carácter de corporación de derecho público de las cámaras de la propiedad sin que el Ejecutivo vasco, con competencia en la materia, siguiera sus pasos. Esta pasividad ha impedido, por ejemplo, renovar las juntas directivas durante más de tres lustros.

La entidad alavesa opina que ahora «se abre, por fin, la etapa de liquidación (del patrimonio) que tantas veces habíamos solicitado». En este punto, resalta que, el Gobierno tripartito sólo podrá actuar sobre «lo que le compete», es decir hasta 1994. La entidad funciona desde entonces como una asociación cuyos socios «pagan la cuota de forma voluntaria».

Asamblea

Esta «naturaleza asociativa» es el argumento utilizado por la Cámara para subrayar «su apuesta por la continuidad», ya que «ningún decreto puede cerrar una asociación de propietarios». Por ello, anuncia su intención de girar las tarifas de este año y anima a los asociados a pagarlas para «mantener la condición».

El organismo presidido por la arquitecta Isabel Martí ha emprendido una campaña de recogida de firmas en favor del mantenimiento de la asociación. Asimismo, celebrará en fechas próximas una asamblea para informar de la situación que genera ahora el decreto del Gobierno vasco.

En el comunicado emitido ayer, la Cámara de la Propiedad no censura al Ejecutivo autónomo por acordar la desaparición de unas instituciones centenarias. Expresa sus dudas acerca de la posibilidad real de la Administración autonómica de asumir sus funciones. «No sabemos qué interés ni qué capacidad puede tener para ofrecer un servicio que venía funcionando con normalidad».

Hasta ahora se pensaba que la institución alavesa databa de 1909, pero un documento encontrado en fechas recientes revela que se fundó el 16 de marzo de 1883 como asociación de propietarios. Entre 1927 y 1988 la cuota fue obligatoria. Se incluía en el recibo de la contribución urbana.