El Ayuntamiento ha comenzado a introducir un cambio en la normativa arquitectónica de Zabalgana, con el fin de proteger los acuíferos de su subsuelo. Esta medida obligará a pagar 5.000 euros más por cada vivienda. Y es que la reforma exige una cimentación estanca para evitar filtraciones e inundaciones en los sótanos. Según los constructores, esta mejora dobla el coste constructivo de los garajes.

Los promotores explican que si hasta el momento podían resolver los pavimentos del subsuelo con una solera de 15 centímetros de grosor, a partir de ahora van a tener que colocar una placa de hormigón armado que cuesta el doble. Detallan que si se toma como referencia un párking con capacidad para 50 plazas, se requerirá una inversión de 480.000 euros, justo el doble que ahora. La repercusión de coste del garaje en cada piso, que el promotor aplicaría en el precio de la vivienda, será de 5.000 euros.

Dirigentes de Uneca -la patronal alavesa de la construcción- están discutiendo este problema con el Ayuntamiento. Aunque no han precisado el contenido de las negociaciones, algunos profesionales del sector han revelado que están planteando a los responsables municipales alguna solución menos costosa para preservar los acuíferos.

En cualquier caso, tendrán que encontrar un procedimiento diferente al de la norma anterior, que permitía rodear los sótanos con drenajes perimetrales o bien colocar bombas, para evacuar el líquido filtrado a la red de alcantarillado antes de que origine inundaciones en las plantas subterráneas.

La única solución que admite la nueva regulación es que la cimentación sea estanca. De este modo, aunque se vea afectada por corrientes del acuífero, no será necesario evacuarlas.

Reserva hidráulica

Los técnicos de la sociedad pública Ensanche XXI justifican el endurecimiento normativo por dos motivos. Primero, para evitar el riesgo de un vaciamiento de las reservas hidráulicas subterráneas. En segundo término, para no llenar las cloacas de manera indebida con aguas que no son caudales residuales. Estiman que sobrecargan innecesariamente el trabajo de la depuradora.

Los constructores no niegan la necesidad de proteger los acuíferos, pero consideran que para lograr ese fin no es necesario prohibir los drenajes y el uso de motobombas.

Un profesional ha explicado a EL CORREO que la solución pasaría por separar en origen los caudales residuales del edificio de los que son bombeados. Así, estos últimos podrían ser devueltos al acuífero o usados para regar. La dificultad de esta solución, según este interlocutor, es que la red de saneamiento del Ayuntamiento no separa las aguas residuales de las de otros orígenes.