En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, y a preguntas de los periodistas, Azkarate ha manifestado que "los Derechos Humanos son válidos y tienen que ser respetados para todas las personas, se encuentren en la situación en la que se encuentren", por lo que también son atribuibles a los presos y a todas las personas, "sean cuales sean los delitos que hayan cometido".

Según ha dicho, "el objetivo de cualquier política penitenciaria tiene que ser la reinserción social de los presos, y eso es lo establecido en el ordenamiento jurídico". La portavoz del tripartito ha subrayado que "la justicia debe ser igual para todos, tanto para los que han cometido asesinatos en nombre de ETA" como para los que han asesinato "en nombre de otras siglas que todos tenemos en la cabeza". Azkarate advirtió, por tanto, de que "tendríamos que seguir respetando lo que establece el ordenamiento jurídico del que nos hemos dotado".

"Servidumbres del Estado"

Por su parte, el presidente del EBB del PNV, Josu Jon Imaz, ha asegurado hoy que la decisión de los fiscales del Tribunal Supremo son "servidumbres" del Estado de Derecho en cumplimiento de la ley. Imaz ha admitido que este tipo de acontecimientos genera "impactos" sociales pero no responden a cuestiones políticas, sino jurídicas. "Es, en definitiva, el cumplimiento de la Ley, nos guste a veces más, a veces menos", ha señalado.

En declaraciones a Antena3, el líder de la formación jeltzale ha afirmado que "lo que se ha producido estos días en torno a esa decisión de los fiscales es, evidentemente, un hecho muy complejo, que genera impactos en la sociedad". Imaz ha admitido que este tipo de hechos constituyen situaciones "complejas y difíciles".

"Es como si un violador, sale después de 10 años en prisión. Como si un asesino, sale después de 20 ó 22 años en prisión. Son impactos que la sociedad recibe en un momento determinado, y son las servidumbres de un Estado de derecho y democracia como el que vivimos", ha argumentado. Sin embargo, ha considerado que no se debe de utilizar "este tipo de cuestiones que no son políticas" sino que tienen "un carácter jurídico".

Apoyo de EB

Por otra parte, el portavoz de la Presidencia de Ezker Batua, Mikel Arana, ha respaldado hoy la decisión adoptada por la Fiscalía del Tribunal Supremo, "porque supone el cumplimiento estricto de la legalidad". Arana ha valorado la labor del Ministerio Público que, en su opinión, "se ha movido estrictamente por criterios jurídicos y no políticos para adoptar una decisión que, en muchos casos, será muy criticada y malinterpretada, sobre todo por los sectores más reaccionarios".

Asimismo, ha destacado la postura de los fiscales "en un caso muy delicado y doloroso para las víctimas", ya que Parot "cuenta en su haber con numerosos atentados y asesinatos, entre ellos el de la fiscal Carmen Tagle". Sin embargo, el dirigente de EB ha reiterado que la Ley "debe ser igual para todos" por lo que "no debería cambiarse la legislación de manera 'ad hoc' como sucedió en el pasado en la etapa del PP".