«Irá adelante el cava, irá adelante la OPA e irá adelante el Estatut», proclamó un buen día Pasqual Maragall en el transcurso de una visita a una cooperativa vitivinícola catalana. El desliz del presidente de la Generalitat fue algo así como la prueba del nueve, la constatación clara de que había muchos intereses políticos entrecruzados con los económicos en la oferta que Gas Natural había presentado para adquirir Endesa. De momento, al dirigente socialista no le van bien las cosas con su bola de cristal: las ventas de cava descendieron el pasado año el 7,27%, según los datos oficiales del sector; y la oferta de Gas Natural acaba de saltar por los aires y no tiene buen color.

No hay por que sorprenderse. Tradicionalmente, los partidos se han repartido, como han podido, sus cuotas de poder o de influencia en el mundo económico y empresarial. En el pasado, cuando abundaban las empresas públicas, ejercer ese 'ordeno y mando' desde el poder político era más sencillo. Pero la privatización de las grandes compañías -Endesa es un claro ejemplo de ello- ha obligado a sofisticar los mecanismos para llegar hasta la cima de los consejos de administración.

Reparto de poder

Para nadie era un secreto que, puestos a dibujar la geopolítica empresarial, Endesa caía sobre el territorio del Partido Popular por una especie de 'efecto rebufo' que se ha producido en la mayoría de las firmas privatizadas durante las legislaturas que presidió José María Aznar. Con ligeras excepciones, los presidentes de las otrora empresas públicas han conseguido mantenerse en sus cargos, ahora apoyados por el respaldo de sus accionistas privados. Ése es el caso de Manuel Pizarro, el presidente de la eléctrica, apoyado convenientemente sobre los cimientos de Caja Madrid, el accionista de referencia de Endesa, que también -y, en este caso, por razones más institucionales- gravita sobre la órbita 'popular'.

Cierto es que hay que hacer muchos esfuerzos mentales para considerar que La Caixa, Repsol o Gas Natural, pueden ser consideradas grupos en la órbita socialista, pero sí es cierto que el grado de influencia potencial del PSOE puede resultar significativo, según los casos. Quizá por ello, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no dudó ni un solo segundo en apoyar la iniciativa de fusión de Gas Natural.

El PP tampoco dudó ni un segundo en dibujar una estrategia de ataque político para ayudar a Pizarro a defender su 'fortaleza' eléctrica. «El Gobierno es prisionero de sus socios del tripartito -sentenció enseguida su portavoz, Eduardo Zaplana- porque la operación no se sostiene. La única explicación es el pago de facturas políticas». Esta contundencia, en plena polémica por la negociación del nuevo Estatuto de Cataluña, generó incluso tensiones internas. El ex ministro de Industria Josep Piqué, más dado a aplicar primero los filtros del neoliberalismo en sus análisis antes de caer precipicio abajo por la política doméstica barata, no dudó en discrepar de la versión 'oficial' de su propio partido. «No se que tiene que ver el tripartito con todo esto. Estamos hablando de empresas que toman sus decisiones en términos empresariales», sentenció, fiel a esa distancia que le separa casi siempre del 'aparato' del PP. Pero, también como casi siempre, en el PP han hecho muy poco caso a Piqué y han insistido en la tesis de que el éxito de esta OPA es equivalente a concentrar en la sede de la Generalitat el control de una de las principales empresas energéticas del país.

Cambio de discurso

Es más que probable, además, que algunos políticos tengan ahora que darle la vuelta completa a sus planteamientos después de conocer la existencia de una oferta alternativa por parte de la alemana E.on. Éste es el caso del portavoz socialista en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, o del líder de Convergencia i Unió, Artur Mas, que se han hartado de repetir una frase que, de repente, se ha convertido en peligrosa. «Dejen hablar al mercado», han repetido una y otra vez para combatir los argumentos utilizados por el PP en torno a la politización del proceso. Ya ha comenzado el baile y donde se exigía libre juego a las leyes del mercado, al capitalismo moderno, ya se apunta que el sector es muy delicado- «»estratégico» es la palabra de moda- como para dejarlo volar con libertad.

Pero también es cierto que algunos movimientos de Zapatero han alimentado la tesis de que, si bien es el mercado quien tiene la última palabra, no está de más un empujoncito estratégico para que todo ruede más redondo. Así, la reunión que mantuvo un domingo por la tarde en el palacio de La Moncloa con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, tan sólo unos días antes de que la UE se pronunciase a favor de mantenerse neutral en esta OPA, sembró no pocas dudas sobre el desmedido interés del Gobierno por la absorción de Endesa. Más aún, después de conocer que la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, disponía de dos informes elaborados por sus propios asesores en los que se defendía una cosa y su contraria. Esto es: un informe aseguraba que la competencia de analizar la OPA recaía con claridad sobre Bruselas, mientras que el otro afirmaba, con la misma rotundidad, que debía ser el Gobierno español el encargado de conceder o no la autorización.

En el mismo capítulo de 'sospechas' o de 'torpezas' hay que colocar el almuerzo del jefe del Gobierno en casa del presidente de La Caixa, Ricardo Fornesa, tan sólo dos días después de que el Consejo de Ministros hubiese autorizado la oferta de Gas Natural con unas condiciones extraordinariamente benévolas. O el crédito de seis millones de euros que la caja catalana perdonó al PSC, cuyo líder, José Montilla, es también ministro de Industria y, como tal, una pieza básica en el futuro de la OPA de Gas Natural... y de E.on