El Gobierno vasco formalizó ayer al término de su habitual consejo de los martes su oposición al cambio en la aplicación de beneficios penitenciarios adoptada la víspera por el Tribunal Supremo, lo que llevado al caso que motivó la resolución -el del 'histórico' miembro de ETA Henri Parot- se traducirá en que no saldrá de la cárcel hasta haber cumplido 30 años de condena. El Ejecutivo de Ibarretxe vislumbra «un matiz político» detrás de la decisión que adoptó por amplia mayoría la Sala de lo Penal y cuestiona, incluso, que se ajuste a la Constitución, amparándose en el voto particular de tres jueces discrepantes. Uno de ellos es un viejo conocido de los tribunales vascos, el ex presidente de la Audiencia de Vizcaya Joaquín Giménez.

La crítica del tripartito se ajusta a su estrategia contraria, entre otras cosas, a la adopción de iniciativas penales excepcionales para combatir el terrorismo y favorable a una política penitenciaria más flexible. Miren Azkarate aseguró ayer que la decisión del Supremo «elimina» en la práctica la redención de penas, «dificulta seriamente» la reinserción de los reclusos etarras, puede desembocar en una distinta aplicación de la ley según los casos y ejecutarse con carácter retroactivo; lo que implicaría inconstitucionalidad, según la portavoz.

No obstante, Azkarate no quiso especular sobre si éste es un nuevo obstáculo para la paz y apeló a la prudencia. Pero sí dio por probado que la resolución tiene cariz «político» dado que el PP la ha vinculado, como un logro, al Pacto Antiterrorista. «Más no se puede decir», zanjó la portavoz.