Batasuna respondió ayer por partida doble y en sentido diferente a la decisión del Tribunal Supremo por la que el miembro de ETA Henri Parot cumplirá íntegros 30 años de prisión. Mientras que el portavoz de la coalición ilegalizada Pernando Barrena hizo una lectura más benévola al restarle trascendencia, ya que a su juicio si el proceso de paz sigue adelante los presos de la banda armada deberían ser excarcelados, la abogada Jone Goirizelaia responsabilizó directamente al PSOE de haber «impulsado, ayudado y querido» el fallo.
Ambos contextualizaron la resolución judicial en una nueva etapa que puede traer el final de la violencia al País Vasco y coincidieron en que la decisión trastoca un eventual proceso de normalización, aunque con matices diferentes. Barrena calificó la nueva fórmula legal aplicada por el Supremo a Parot de «carga de profundidad» contra la apertura de un proceso de paz, aunque lanzó su principal acusación contra «los aparatos del Estado controlados por el PP».
El dirigente de la izquierda abertzale, en una entrevista en ETB, definió la discusión sobre las excarcelaciones de los presos como «un tanto peregrina», porque todo proceso de paz y solución del conflicto vasco pasa por que los presos de ETA «vuelvan a casa en un plazo razonable».
«No creo que nadie pueda creer que en el contexto de un proceso de resolución pueda haber presos políticos en 2010 o en 2020, y si los hubiera, sería claramente porque finalmente no habríamos sido capaces de poner en marcha ese proceso de soluciones», expresó.
«Obstáculos» al proceso
Goirizelaia, por su parte, fue mucho más contundente y denunció el «contenido fascista» de una decisión a la que «nos habían tenido acostumbrados los tribunales turcos». A su juicio, el tribunal persigue que «los presos estén todavía en peores condiciones de las que están» y «poner obstáculos al proceso que se quiere iniciar en Euskal Herria».
La letrada de Batasuna calificó la situación como «muy grave» porque coloca a la judicatura en «la estrategia de cuanto peor mejor, de cara a evitar que se pueda plantear cualquier tipo de solución». En este sentido, señaló a los socialistas como inductores del auto del Supremo, que tiene un «fin político muy claro y conocido». «En el PSOE están los responsables políticos que han impulsado, ayudado y querido que se tome una decisión de estas características», subrayó. A su entender, las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, «antes y después» de la resolución, apelando a «construir» nuevas imputaciones a los presos de ETA, demuestran «clarísimamente» esta postura de los socialistas.
A pesar de esta situación, Goirizelaia mostró la disposición de la izquierda abertzale a «tener la mano abierta para crear las condiciones necesarias para un diálogo» que conduzca a la solución del conflicto, a la vez que advirtió de que si se vulneran los derechos de las personas «se hace necesario responder», por lo que hizo un llamamiento a los ciudadanos a participar en las movilizaciones de protesta que se convoquen.
A pesar de decisiones como la del Tribunal Supremo sobre Henri Parot, Barrena coincidió con el secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, al afirmar que se están tomando algunas decisiones «en la dirección correcta», en alusión a la resolución del Congreso de los Diputados que habilita al Gobierno a hablar con ETA si la banda abandona las armas.
En esta línea, admitió que un alto el fuego de ETA, que sólo se dará en un contexto de «asunción de compromisos por parte de todos», sería «un gran paso», aunque -en sintonía con su compañero Arnaldo Otegi-, «insuficiente». En su opinión, la normalización, «para la que se están asentando las bases», vendrá de los acuerdos que tomen «los agentes políticos, sindicales y sociales de este país».
El dirigente de Batasuna insistió en la trascendencia de constituir la mesa de partidos y destacó que un acuerdo que siente las bases de la resolución del conflicto necesitará de «grandes dosis de transversalidad» y tendrá que tener en cuenta «todas las tradiciones políticas del país».