El Congreso ha instado por unanimidad al Gobierno a poner en marcha medidas que posibiliten una mejora de la prestación percibida por los trabajadores jubilados anticipadamente, cuyo cese laboral se produjo antes de enero de 2001, con carácter obligatorio, y siempre que acrediten 35 o más años de cotización. El origen de esta iniciativa es una proposición presentada por el PNV. Afectaría a unas 485.000 personas en toda España que abandonaron sus empleos en procesos de reconversión de empresas o sectores en crisis; de ellas, unas 55.000 personas en el País Vasco.

Además, el Parlamento instó al Ejecutivo a que analice la posibilidad de modificar los actuales coeficientes reductores de la cuantía de la pensión de jubilación en los casos de acceso anticipado a la misma, para que exista una mayor correspondencia entre las aportaciones realizadas y la prestación a percibir.

Unanimidad

El PSOE presentó un texto alternativo, pero asumiendo los planteamientos de la propuesta del PNV, así como dos enmiendas de PP y grupo mixto.

Inicialmente, el PNV había presentado una proposición no de ley para modificar la Ley General de Seguridad Social y posibilitar que, al llegar a los 65 años, las personas prejubiladas incrementaran su pensión hasta que su cuantía fuese equivalente a las correspondientes a los trabajadores a su nivel y categoría profesional que se jubilaran en activo.

La parlamentaria del grupo nacionalista Genma González de Txabarri destacó ayer que 50.000 prejubilados vascos se podrán beneficiar de las medidas impulsadas por el Congreso. La diputada mostró su satisfacción ante esta medida, aprobada por unanimidad el Parlamento, ya que de esta forma «aquellos prejubilados que tuvieran 35 años cotizados a la Seguridad Social y que se hubieran jubilado en contra de su voluntad antes de los 65 años tendrán derecho a la pensión que les hubiera correspondido» en el caso de que hubieran alcanzado esa edad en el momento en el que se jubilaron.

González de Txabarri criticó también que «tras 25 años de autonomía, sigue sin cumplirse la ley orgánica que es el Estatuto de Gernika, que establece en su artículo 18 que la gestión del régimen económico de la Seguridad Social corresponde a la comunidad autónoma vasca».